El presidente Daniel Noboa, vía decreto, ha ratificado el conflicto armado interno, declarado en enero de 2024 tras una casi macabra demostración de fuerza por parte de los grupos de delincuencia organizada.
Esta vez lo hace al amparo de la recién aprobada Ley de Solidaridad Nacional y a pocas horas de haber expedido su respectivo reglamento.
Según el Régimen, persiste aquel conflicto, con lo cual justifica su decisión; igual, por cuanto se evidencia la concurrencia de los criterios determinados en el artículo 7 de la mencionada Ley.
Cita, entre ellos, la organización de los grupos armados y la intensidad de la violencia en contra del Estado, la población y los bienes civiles.
Si el Gobierno reconoce esas concurrencias, con mayor razón el país entero.
Si bien no todos reconocen y valoran la lucha emprendida por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y hasta cuestionan la existencia del Plan Fénix, a los grupos delincuenciales no les hace mella acciones como el decomiso de miles de toneladas de droga, la detención de varios de sus líderes, de vez en cuando de los sicarios a su servicio y el desmantelamiento de su tenebrosa infraestructura. Se dividen, cambian de estrategias, de estadía.
Al contrario, siguen sembrando el terror, sobre todo en la Costa, en Pichincha y en el norte del Oriente.
Noboa ha dispuesto al Centro Nacional de Inteligencia actualizar de manera individualizada a los grupos armados organizados involucrados en el conflicto.
Este organismo, además deberá emitir procedimientos para desclasificar o reclasificar únicamente la información que identifica a esos grupos, sus miembros y colaboradores.
Se echará mano de aquellos artículos polémicos de la Ley, considerados por unos como atentatorios a los derechos a la intimidad y al debido proceso, y por los cuales han demandado su inconstitucionalidad.
Ojalá la ratificación del conflicto armado interno y el estreno de la Ley demuestren su eficacia. Los resultados lo dirán.
