En la Asamblea Nacional la tarea fiscalizadora raya en lo insólito.
En días anteriores la Comisión de Fiscalización convocó a sentenciados por la justicia, en tanto son procesados por otros casos.
Compareció un prontuariado cuyos nexos con las mafias enquistadas en la salud pública, con el narcotráfico, en la administración de justicia y en otros delitos, fueron demostrados por Fiscalía.
Estuvo a punto de ser asesinado en la cárcel, seguramente por sus otrora compinches, incluyendo, según sus testimonios, a algunos políticos.
Entonces prometió declarar todo cuanto dice saber sobre las andanzas en el bajo mundo, en entre ellas, y esto es lo más grave, sobre los autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
Suficiente como para convocarlo a la citada Comisión, donde dijo saber, aunque no podría probarlo, sobre el financiamiento de la campaña de cierto movimiento político.
De inmediato, otro procesado, residente en el extranjero, también pidió ser recibido, vía telemática”, para “cantar sus verdades”; pero el presidente de la Comisión lo quiere ver en persona en la Asamblea.
Según adelantó el iluso, la campaña electoral de ese presidente, antes de cambiarse de movimiento, también habría sido financiada con “dineros sucios”. ¿Fin del teatro?
Él, ahora es parte del Gobierno, y por eso preside la fiscalización en la Asamblea.
Estaría mal si tales convocatorias obedecen a un libreto con fines poco decorosos, como es aplastar a sus rivales, aunque las versiones provengan de peleas entre delincuentes procesados o sentenciados, en varios casos sin probarse.
Además, investigaciones de esa índole le corresponden a Fiscalía.
La Comisión estaría desnaturalizando su labor. Los reos no pueden estar en el escenario del debate legislativo, compareciendo según el agrado de los políticos, aunque también podrían estar envueltos en algunos entuertos. Eso no implica impedir el imperio de la verdad.
