El país debe estar alerto. Posiblemente, por no decir con seguridad, los profesionales del Derecho con una hoja vida intachable, esmerados por capacitarse, cuyos principios éticos son incuestionables, son catedráticos en las mejores universidades, dan conferencias magistrales, podrían no querer participar en el concurso convocado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para designar al nuevo Fiscal General del Estado.
No es un temor infundado. Es más, desde mucho antes emergió con fuerza al ver la poca transparencia en los diversos concursos organizados por el Cpccs para nombrar a las diferentes autoridades de control, como Contralor, Defensor Público, Defensor del Pueblo, Superintendencias, entre otros cargos de alta responsabilidad, bases fundamentales para garantizar la institucionalidad del país.
Ahora está en marcha el proceso para designar a quien ocupará el cargo dejado por Diana Salazar, cuya gestión fue ampliamente valorada, incluso en el exterior.
El país ha entrado en vilo porque uno de los posibles aspirantes es José de la Gasca, hasta la semana pasada ministro de Gobierno.
“No le tengo miedo al desafío”, ha dicho el exfuncionario del gobierno de Daniel Noboa, quien le condecoró con la máxima distinción hace pocos días.
En su carta de renuncia, José de la Gasca no se guardó elogios para el Régimen. Y esto lo dice todo.
De presentarse al concurso, ¿tiene asegurada la designación, conociendo, de antemano, como está funcionando el Cpccs, en el cual cada vez más se fortalece una mayoría cercana al Régimen, o para lograrlo hace hasta lo imposible, tal como se hacía en el “viejo país”?
Frente a esa y otras circunstancias, el concurso no será del agrado de los profesionales del Derecho, además porque, como se ha advertido, hasta el crimen organizado podría poner candidatos, cuando no, ciertos movimientos políticos.
No está por demás este sobreaviso.
