Las autoridades de elección popular están llamadas a tomar decisiones, así deban pagar un costo político.
Nada ganan con evadirlas, postergarlas o transferir la responsabilidad a otros a fin de, tarde o temprano, “lavarse las manos”.
Hay asuntos de gran impacto. Uno de ellos, las tarifas de transporte urbano de pasajeros.
El solo anuncio de revisarlas genera reacciones en contra. Es cuando se contraponen los intereses de transportistas, usuarios y autoridades.
Los primeros exigen tarifas justas, acordes a la realidad económica, a sus necesidades y al legítimo derecho a ganar. No han sido redefinidas desde 2018, cuando debían hacerlo cada dos años.
Los segundos se oponen, también argumentando la estrechez económica y el “mal servicio”.
Las últimas están en el medio de esos dos antagonismos. Pero deben resolver.
Sobre este conflicto debe decidir el alcalde Cristian Zamora. Desde 2024 tiene en sus manos los estudios técnico-financieros elaborados por la Empresa Pública de la Universidad de Cuenca.
Está fijada la nueva tarifa. No es de tipo político, como sí parece ser la posición para escabullir el asunto complejo.
La administración municipal, según argumenta, analiza alternativas, como focalizar subsidios a favor de los más vulnerables de acuerdo a los quintiles de pobreza del Registro Social.
Actualmente el subsidio municipal es de $3.5 millones anuales.
Empero, seguir posponiendo la decisión acarrea reacciones como la ocurrida este lunes con la movilización de los transportistas y su advertencia de reducir las frecuencias y, por consiguiente, las pérdidas.
Acopiar todos los insumos posibles, equilibrando los intereses de unos y de otros, y someter a debate en el Concejo Cantonal la nueva tarifa, es tarea urgente; una demostración, además, de poder de decisión, de tener personalidad política, en este caso, por parte del alcalde. Para eso fue elegido él y los concejales.
