Este jueves, cuencanas y cuencanos salieron a las calles a recordar lo que el poder central parece haber olvidado: que lo público importa, y que Cuenca lo defiende. La marcha convocada por el Cabildo Popular por el Agua y otras organizaciones deja un mensaje claro: no es posible hablar de democracia cuando se ignoran los mandatos populares, ni de desarrollo cuando se entregan los páramos a la minería.
El Ministerio del Ambiente, hoy fusionado con Energía y Minas, aprobó el plan ambiental de una empresa extractiva en Quimsacocha, pese a las advertencias de técnicos, investigadores y de la propia ETAPA. La misma empresa pública que durante décadas ha garantizado agua potable para cientos de miles de hogares fue desoída por el Estado.
Ante el reclamo generalizado por las declaraciones de la Ministra, la respuesta institucional fue la de hacer una pausa temporal al inicio de las actividades extractivas para «socializar» el plan ambiental de la minera. El anuncio fue recibido como una burla. No es que a la ciudadanía le falte comprender el plan ambiental. Es que ya decidió en Consulta Popular que no se aceptaba la minería en el Cajas. Socializar no es sinónimo de legitimar. Un plan de manejo ambiental no remedia la fragilidad de un ecosistema ni disuelve el riesgo de contaminación con metales pesados en las fuentes hídricas.
La defensa de lo público también es un reclamo por la coherencia del Estado. Lo público se encarna en instituciones que han hecho bien las cosas: ETAPA, la Universidad de Cuenca, entre otras tantas que han sido eficientes en el cuidado del patrimonio, en la protección del Macizo del Cajas, y en la educación pública. Defender lo público no es una consigna romántica, es una necesidad urgente.
Cuenca no va a quedarse callada mientras el Estado traiciona sus compromisos con la ciudadanía, prioriza intereses privados y legitima modelos extractivistas que ponen en riesgo la vida. Aquí, lo público se respeta. Y cuando no se respeta, se lo defiende.
