SOLCA-Cuenca, este domingo 24 de agosto de 2025 a través de un manifiesto público hecho a la ciudadanía y a las autoridades expuso los peligros que representa para la salud humana la minería, “especialmente si no está bien regulada”.
Metales pesados, minería, agua y riesgo de cáncer, titula el manifiesto.
La minería, dice, “puede liberar metales pesados y otros contaminantes al agua que sí están vinculados a un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer” y otras enfermedades graves.
Constan entre esos metales el arsénico, cadmio y mercurio.
Además, especifica las evidencias científicas de cómo esos metales tienen relación con aquellas tipologías.
Igual, detalla cómo la contaminación del agua aumenta el riesgo a través del consumo directo, su acumulación en alimentos y el contacto dérmico prolongado.
Tales advertencias provienen de una institución respetable como SOLCA, cuya labor central es la lucha contra el cáncer.
Nadie le puede endilgar otro propósito a su manifiesto que no sea el de alertar, informar con sustento científico, y sumarse al debate sobre la potencial explotación minera en Quimsacocha cuya licencia ambiental fue concedida por el ministerio del Ambiente. Solo su derogatoria permitirá calmar los ánimos encendidos en Cuenca y en toda Azuay.
Ante la reacción ciudadana, casi generalizada, el ministerio de Energía guarda silencio. Tampoco responderá al manifiesto de SOLCA cuya conclusión es clara: “Nuestra salud, la de nuestras familias y el equilibrio de nuestros ecosistemas dependen de un agua limpia. La prevención es la mejor inversión: proteger el agua hoy es asegurar el futuro de nuestra comunidad. Sin agua sana, no hay desarrollo ni esperanza. El momento de actuar es ahora”.
La tensión social aumenta. Los argumentos jurídicos, ambientales, sociales, los resultados de consultas populares, pesan más sobre la decisión precipitada de otorgar la licencia.
