Si alguien en particular, peor algún grupo político, mucho peor una autoridad elegida en las urnas, intenta sacar réditos electorales con la oposición a la explotación en Quimsacocha (proyecto Loma Larga), le causa daño a la lucha social antiminera, a la cual se ha adherido la mayoría de la población azuaya, expresada incluso en consultas populares.
Politizar aquella posición colectiva, es decir, querer “dar orientación o contenido político a acciones, pensamientos, etcétera, que, corrientemente, no lo tienen”, significa bajeza moral, irrespeto a sí mismo, y digno de ser considerado parte de quienes no tienen recato “para pescar a río revuelto”.
Pero, ¿cómo distinguir, en el medio de la heterogeneidad, a quienes están en ese bando, o no estándolo, en el fondo también intentar algún rédito electoral, lo tuvieron en épocas anteriores y a todos les consta, sacarse de encima enconos políticos, viejas rivalidades o hasta antipatías personales?
Las autoridades, concretamente las elegidas en las urnas, tienen derecho a ubicarse, como lo han hecho, en este caso en contra de la decisión de otorgar la licencia ambiental, la “bendición oficial” para que comience la fase de explotación en Quimsacocha.
Si esa posición se contradice con la demostrada antes, obvio, ya es cuestionable, con más énfasis si es parte, por ejemplo, de un movimiento político en cuya gestión administrativa del Estado se otorgó la concesión; o, como ahora, se entregó la licencia ambiental; o si personalmente se fue ambiguo o jugó a doble banda.
Lo ético es salirse de ese movimiento, ofrecer disculpas si se estuvo en contravía, como para tener la hombría de ser parte de la frontalidad ciudadana de defender Quimsacocha.
La posición de Cuenca no debe prestarse para este tipo de juegos, algunos indecorosos y demostrados en redes sociales u otros medios. Defender cuanto se creyere correcto merece altura, frontalidad, hasta para escuchar a la contraparte.
