La invitación del Gobierno a los alcaldes de Cuenca, Cristian Zamora; de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y de Quito, Pavel Muñoz, dentro del contexto de inseguridad puede considerarse como señal sintomática.
El crimen organizado, articulado a nivel internacional, mantiene en vilo a varias provincias, en especial a las de la Costa, donde las muertes violentas, así sea entre miembros de las bandas, se incrementan mes a mes.
Los operativos ejecutados por la Policía y el Ejército, ni de lejos pondrán en vereda a los grupos de delincuencia organizada.
¿El Estado se siente rebasado por ese accionar delictivo, sin contar con el de las “vacunas”, este silencioso monstruo a cuyas garras sucumben negocios, comercios, y toda actividad económica, así sea pequeña?
El Estado es el responsable de la seguridad de todos. No cabe duda. Sin embargo, si no articula su plan anclándose en municipios y gobiernos provinciales, incluso entre la ciudadanía, más el trabajo de la Justicia, los resultados no serán, y no lo son, los esperados.
La convocatoria no debió ser únicamente a aquellos tres alcaldes. Si es posible a todos. No fue así, pero los llamados fueron informados sobre las amenazas derivadas de las presencia de los grandes carteles de la droga. Esto tampoco es novedad.
Cada uno ha comprometido su apoyo en el ámbito de sus acciones.
La convocatoria coincide también con la visita al Ecuador del Secretario de Estado de EE. UU., Jorge Rubio, con quien el Presidente Noboa, analizará un crucial problema continental: el narcotráfico, por cuya razón, según el gobierno de Donald Trump, militariza el mar Caribe, cercano a Venezuela, sembrando tensión regional.
El Gobierno organiza una marcha “por la paz y la justicia”, señal, asimismo, de la urgencia de actuar en contra el crimen de forma cohesionada.
Ninguna ciudad está libre, tarde o temprano, de ser copada por el narco crimen. Cuenca lo debe intuir.
