Según su vocera oficial, el Gobierno remitirá a la Corte Constitucional (CC) otras preguntas para referendo y consulta popular.
Se trata de la primera reacción tras el fracaso de cuatro preguntas enviadas, en primera instancia, a la Corte. No fueron calificadas la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), el juicio político a los jueces constitucionales, el regreso de los casinos, y la castración química para personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sexuales.
Con anticipación, expertos constitucionalistas advirtieron aquel traspié del Gobierno al no sujetarse lo previsto en la Constitución en lo atinente a si convienen reformas o enmiendas.
De acuerdo a la vocera, el equipo jurídico de la Presidencia de la República visualiza los temas y las preguntas correspondientes.
Uno de esos temas será insistir en la eliminación del Cpccs, tesis difundida desde hacía mucho tiempo, para cuyo propósito se requiere de una reforma constitucional. Lo dijo la propia Corte mediante dictamen.
Aun así, el Gobierno, concretamente su equipo jurídico, no tomó en cuenta ese dictamen e insistió en plantearlo mediante simple enmienda, como también la quiso para que los jueces constitucionales sean sometidos a juicio político en la Asamblea Nacional.
Así las cosas, no se entiende cómo procederá ahora, con mayor razón si una reforma como la detallada toma bastante tiempo, no el previsto para llevar adelante la consulta popular y el referendo.
Para pretensiones como la eliminación del Cpccs, el Gobierno, para aprobarla tendría los votos suficientes en la Asamblea. Luego seguir los siguientes pasos previstos en la ley.
Según las expresiones de la vocera del Régimen, este parece insistir en confrontar con la CC, cuyo control, a decir de algunos analistas políticos, pretende asumir.
El Gobierno debe serenarse y, por lo tanto, reconocer sus yerros en materia constitucional.
