El derecho a protestar lo tienen todos los ecuatorianos sin excepción.
Sin embargo, si las protestas degeneran en violencia con el bloqueo de vías para el tráfico vehicular; o, como en el pasado reciente, con la toma de las ciudades, saqueos, incendios de bienes públicos, de privados, incluso, sobrevendrán millonarias pérdidas económicas.
El mero anuncio de la Conaie ya produjo menos vehículos particulares circulando el fin de semana, negocios con media clientela, mientras el temor se colectiviza.
Con mayor razón si con un desparpajo solo aceptable en un país incivilizado, se lanzó la advertencia para que habitantes de las ciudades se aprovisionaran de alimentos, con lo cual metieron miedo y pánico en la población.
El Gobierno ha respondido decretando el estado de excepción, incluido el toque de queda, en varias provincias, a fin de garantizar la paz ciudadana, el libre acceso al trabajo, a los establecimientos educativos, de salud, a circular sin restricciones por las carreteras.
El Presidente Noboa, según sus voceros, está decidido a no retroceder en su decisión económica, como lo hicieron sus antecesores.
Igual dicen los organizadores del paro, aunque luzcan divididos, con una agenda de exigencias que, al parecer, maquillan la principal: la derogatoria del decreto controversial.
¿Cuál es la alternativa propuesta por los manifestantes ante la decisión de eliminar el subsidio al diésel, aun sabiendo que su valor anterior favorece a las economías criminales, al contrabando, menos a las clases sociales desposeídas?
Las dos posturas son puntas de lanza, cuyo potencial cruce puede provocar consecuencias imprevisibles.
Ni los tiempos ni las condiciones políticas son las mismas en relación a los paros anteriores. Lo deben saber el Gobierno y los promotores del paro, con el cual estaría en desacuerdo la mayoría de ecuatorianos a pesar del impacto, en especial de la especulación.
