El llamado de catorce universidades del país a abrir un espacio de diálogo no puede pasar desapercibido. Se trata de un hecho de gran relevancia en el Ecuador reciente. Durante los últimos años, la Universidad de Cuenca ha levantado su voz en defensa de los derechos y en reivindicación de lo público, pero hoy el momento histórico exige que todas las instituciones de educación superior sumen esfuerzos: el silencio ya no es opción.
La exhortación académica se dirige tanto al Gobierno como a los dirigentes sociales, para que “demuestren voluntad política y creen condiciones que generen confianza mutua y permitan iniciar un proceso abierto de conversaciones”. No es un gesto menor: es el reconocimiento de que la democracia necesita puentes, no trincheras.
El pronunciamiento universitario también rechaza la violencia y la criminalización de la protesta. No se puede normalizar que la respuesta estatal sea más represión cuando el origen del conflicto está en medidas económicas que golpean de forma desigual. El incremento del precio del diésel, tras el retiro de los subsidios, no afecta por igual a un gran transportista que a un pequeño productor. Y aunque se anuncien medidas compensatorias, estas se retrasan o no llegan a todos. Si ni siquiera se cumple con el pago a los municipios, ¿qué confianza puede tener la ciudadanía en que se honrarán esas compensaciones?
La población no es ingenua. Reclama derechos, cuidado de su economía y garantías mínimas de bienestar. Frente a ello, el levantamiento social no merece desprecio ni estigmatización, menos aún la etiqueta de “terrorismo”. Nadie que lucha por sobrevivir puede ser reducido a esa categoría. El gobierno tiene la responsabilidad de moderar su discurso y abrir las puertas al diálogo. A la par, la CONAIE y los movimientos sociales deben encontrar un terreno común que permita iniciar una conversación sincera con el Estado.
El país no necesita más muertos ni más violencia. Lo que necesita es recuperar la confianza en que el diálogo, aunque difícil y lento, sigue siendo la única salida legítima para enfrentar el conflicto.
