El Ecuador vive una serie de conflictos sociales, también políticos. Sus desenlaces son imposibles de avizorar.
Tras la abrupta decisión gubernamental de poner fin al subsidio al diesel, sobrevino, con igual ímpetu, la convocatoria a Asamblea Constituyente, si bien sujeta a interpretaciones jurídicas entrecruzadas al principio, pero, finalmente, cuenta con luz verde.
En menos de un parpadeo, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad, por la forma, de dos leyes emblemas del gobierno.
Apenas superado ese golpe, el régimen ha remitido otros proyectos de ley. Recogen los propósitos negados en aquellas desechadas.
En estos días, el oficialismo ha puesto en la vereda a los municipios al romper, de manera unilateral, los convenios suscritos para cobrar en las planillas por consumo de energía eléctrica las tasas por la recolección de basura.
Eso consta en la ley, dice la ministra de Energía y Ambiente. Las planillas por consumo de luz solo deben reflejar su consumo. Nada más.
El gobierno les dice a los alcaldes: ustedes sabrán cómo cobran las suyas. Tremendo lío. No es un asunto fácil.
¿No debió, primero, anticiparles aquella decisión? No, no lo hizo; al contrario, como ocurre en otros casos, de sopetón.
He allí un trabajo para los asambleístas: plantear reformas a la ley, urgiendo los municipios a remozar sus ordenanzas, para que la tasa de recolección de basura siga adosada a las eléctricas.
Toda esa cascada de conflictos, sin citar otros, enmarcados en el paro parcial de la CONAIE, focalizado en Imbabura debido a la estrategia para no dejarle expandir, si bien con ligeros brotes en otras urbes por parte organizaciones sin mayor fuerza ni política ni social.
Y como corolario, el país está a las puertas de una consulta popular y referendo. Todo eso, como un tren en bajada, en tanto las masacres, consecuencia de la inseguridad, siguen imparables.
