Tres explosiones en menos de doce horas siguen confirmando el alto nivel de violencia e inseguridad.
A la explotación de un coche bomba en Guayaquil, con el saldo trágico de dos muertos, le siguió la ocurrida en kilómetro 23 de la vía Cuenca-Girón Pasaje, sector del puente Mollepongo, afectando a cuatro buses interprovinciales. Se habría utilizado cuatro tanques de gas.
Tan pronto como se difundió este segundo hecho, la Prefectura del Guayas alertó sobre una explosión en el puente Churute.
Las autoridades no dudaron en calificar de terrorismo a estos tres sucesos, condenables desde todo punto de vista.
¿Cuáles son las organizaciones delictivas causantes? ¿Cuáles los objetivos? ¿A quién tratan de amedrentar? ¿Al Estado?
Si bien no es dable medir el grado de la violencia, pues todo acto de esta naturaleza, por más pequeño que sea, constituye un indicio de barbarie, la perpetrada en estas últimas horas es altamente cruenta, salvaje, ejecutada por grupos delictivos que quieren ver rendido al Estado, silenciada, atemorizada a toda la población.
Las investigaciones ojalá descubran a los autores directos e indirectos. No es una exigencia simple. Es un grito lanzado con fuerza al Gobierno para que los encuentre.
El Estado se enfrenta a verdaderos grupos criminales internacionales, con franquicias casa adentro, dispuestos a mantener sus actividades ilícitas, apelando, incluso, al terrorismo.
¿A quiénes más se les puede atribuir la autoría de esos actos terroristas? Una vez más fallaron los servicios de inteligencia del Estado para prevenirlos. Pero, ¿en verdad los hay?
Es reprochable que la violencia se la politice, se la minimice haciendo creer que a los grupos criminales organizados se puede derrotarlos en un santiamén, teorizando planes de seguridad, acostumbrándonos a ellos, reduciendo los esfuerzos de la Policía y el Ejército; peor, esperando a que ocurran para declarar válida la declaratoria del estado de excepción.
