Las justificaciones no faltan, y siempre son las mismas, cuando se expone ante la fas pública el pésimo estado de la vía Cuenca-Girón-Pasaje.

Sinónimo de pereza institucional, de la desidia de contratistas y de la “vista gorda” de los fiscalizadores, esta carretera interprovincial es el caso más revelador de cuando un Estado mira a su territorio con ojos de primera, segunda, tercera y hasta de cuarta categoría.

Los testimonios recogidos por El Mercurio tras recorrer el tramo El Salado-Léntag demuestran una especie de rabia contenida, de impotencia y de desobligo de quienes a diario circulan por la vía o tienen sus negocios a lo largo de su trayecto.

Cómo explicar que a estas alturas del siglo XXI, un ministerio –nombrarlo provoca desazón– contrate a una empresa, quien sabe dónde, supuestamente para que realice trabajos de rehabilitación para “mejorar la circulación nomás”, y los ejecute con pasos de elefante subiendo gradas en forma de caracol.

No hace falta describir los “trabajos” realizados, unos por aquí, otros por allá, mientras los daños se siguen acumulando, y asoman otros.

Conductores y demás usuarios de la vía los conocen, experimentan sus consecuencias nefastas, exigen actuar, pero nadie les hace caso.

Ante el requerimiento periodístico, los burócratas responsables repiten el cuento de siempre: no hay asfalto, tengan paciencia, la empresa contratada deberá terminar los trabajos a finales de 2025, y un largo etcétera. 

Suena consolador cuando dicen que el ministerio recibirá, el 20 de enero de 2026, la consultoría contratada para realizar los estudios. De estos se habla quien sabe desde cuándo.

Es decir, primero la consultoría, luego se contratarían los estudios, con lo cual los trabajos de rehabilitación (¿los definitivos?) podrían contratarse en el segundo semestre de 2026. O sea, luego de un año en el mejor de los sueños. ¿Y su ejecución?