Declarar confidencial la información pública sin mediar motivos netamente ligados a la seguridad nacional es atentar contra la transparencia.

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), empresa pública, por sí y ante sí, contraviniendo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Lotaip) pone bajo llave durante quince años el “acuerdo comercial” suscrito con la empresa HealthBird, encaminado a dar soluciones tecnológicas para el sistema hospitalario, finalmente fallido, no por ello libre de opacidad, de ser fiscalizado o, incluso, investigado de oficio por la Fiscalía.

La CNT argumenta “secretos comerciales” para justificar su resolución. La tomó tras estallar el escándalo por cuanto su socia no tiene ni experiencia, ni capitales, ni siquiera domicilio en los Estados Unidos, peor ha sido registrada en la Superintendencia de Datos.

Tal argumento se cae por su propio peso; igual el expresado por el Gobierno y su bloque legislativo al señalar que por haber “cero dólares” y no firmarse el contrato, no merece ser fiscalizado. Solo les falto decir que por estas mismas razones, tampoco tienen la obligación legal y moral de transparentar el acuerdo.

¿Reservado durante quince años un acuerdo comercial? ¿De cuándo acá? ¿Cuáles fueron las motivaciones? Y si las hay, ¿las remitió a la Defensoría del Pueblo, a la Asamblea Nacional?

Según la Lotaip, de forma excepcional se puede declarar la reserva de documentos y más información de defensa nacional, militar, inteligencia, ubicación de material bélico, fondos destinados para la defensa.

El proceder del Gobierno, de la CNT EP en particular, siembra dudas, se protege en el silencio y en que el tiempo y el olvido lo borren todo.

Menos mal que el contrato fallido libró el desembolso de $37,7 millones; pero tampoco justifica decirle no a la transparencia, a la verdad, a la fiscalización.