Liberar de responsabilidad política a “altos mandos” del Gobierno que, directa o indirectamente, tienen relación con el fallido contrato con Progen es otra muestra de cuan condescendiente es la mayoría legislativa con el Ejecutivo. 

Una resolución en ese sentido se tomó la semana pasada, justo cuando el país no sale del asombro al saber que CELEC EP, a través de una de sus Unidades de Negocio, entregó a esa empresa norteamericana algo más de $ 104 millones para generación eléctrica. 

Deslindar responsabilidades, no solo políticas, sino hasta legales, les ha sido fácil al delegar la firma de contratos a funcionarios de menor rango, concretamente a quienes dirigen esas Unidades de Negocio.

Un año después de la fallida producción de energía, el Gobierno se da cuenta de que Progen, aparentemente estafó al Estado ecuatoriano, no sin antes recibir millonadas de dinero en calidad de anticipo, y de mostrar “in situ” a “los altos mandos”, incluido un ministro y el entonces gerente de la CELEC EP, los generadores eléctricos, a la postre, obsoletos unos, reacondicionados otros.

No le importaron ni denuncias ni advertencias sobre aquel descaro. Las consecuencias ahora le saltan a la cara, viéndose obligado a demandar, por medio de la CELEC EP, a Progen en una Corte de justica de Estados Unidos, mientras acá los responsables directos e indirectos están de plácemes, no rendirán cuentas a nadie, muchos menos en la Asamblea.

Digno de encomio es la habilidad del Gobierno para escabullir responsabilidades ante la serie de escándalos que le salpican. Tiene como aliada a su mayoría legislativa. Hasta a funcionarios que mienten a la hora dar explicaciones, como ocurre con el acuerdo con HealthBird. Se dijo que el Estado no le dio un solo dólar; pero el gerente de la CNT revela haberle entregado $ 111.000. 

Al Gobierno le urge darse un baño de verdad.