El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y el Consejo de la Judicatura (CJ) se han convertido, desde hacía muchos años, en instituciones sin mayor confianza ni credibilidad ciudadana, pese haber sido creadas, al menos en teoría, con los mejores augurios.

El objetivo del CPCCS era, por ejemplo, despolitizar la elección de las autoridades de control, despartid izar la Justicia, fomentar la participación ciudadana y luchar contra la corrupción.

Las atribuciones las tenía el entonces Congreso Nacional, hoy Asamblea Nacional. Pero le fueron arrebatadas.

Resulta contradictorio. No solo que perduran los mismos vicios; al contrario, se  profundizan. 

Basta ver a los diversos gobiernos haciendo todo lo posible para controlar ese Consejo en cuya maraña legal se enredan los concursos para elegir a las autoridades de control. El país conoce los casos. Un reflejo es la constante prórroga de funciones de aquellos que hace tiempo debían dejar sus cargos. El CNE es uno de ellos. Posiblemente lo será la elección del nuevo fiscal general.

No ha llevado adelante ningún proceso para indagar la corrupción. Más bien, varios de sus consejeros, en épocas anteriores, estuvieron involucrados en ella. De participación ciudadana, ni hablar. 

Sobre la Judicatura, la lucha de los gobiernos de turno y de los grupos políticos por controlar la Justicia, y con ello convertirla en instrumento de persecución o para lograr impunidad, le ha transformado en otra entidad poco confiable, nicho predilecto para la corrupción y, según se presume, hasta apetecida por los grupos criminales, naturalmente a través de terceros.

Si el mal predicamento del CPCCS es un lunar ya canceroso, por la misma vía camina la Judicatura, llevándose consigo la institucionalidad del país. De que cambien las cosas es algo ilusorio; y, lo peor es que la impavidez ciudadana contribuye a ese estado comatoso.