Declarado prioritario para el Azuay en 2010, luego frenada su construcción durante varios años, el proyecto hidroeléctrico Soldados-Yanuncay podría “resucitar”.

Solo en el Ecuador se puede dar el lujo de posponer o de oponerse a obras de tal magnitud, de las cuales, como en el caso referido, depende, en parte, el suministro de energía eléctrica, uno de los sectores más críticos.

La obra está paralizada desde hacia varios años por la oposición de un sector, respetable por cierto, de las parroquias San Joaquín y Baños, en cuyos territorios se prevé construirla.

Está a cargo de la Empresa Electrogeneradora del Austro (Elecaustro), para cuyo efecto obtuvo del Banco del Estado un crédito por USD 60 millones, más su contraparte por USD 20 millones.

Ese crédito está cerrado, ignorándose si, mientras estuvo vigente, la empresa pagó intereses.

Según la actual administración de Elecaustro, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) preaprobó un préstamo por USD 75 millones. 

Inicialmente para la obra se presupuestó alrededor de USD 80 millones. Ahora costará  USD 92 millones. Es el precio a pagar por la intransigencia. Cuando esta prevalece no importa ninguna socialización, tampoco el interés nacional, peor los argumentos técnicos.

Soldados-Yanuncay prevé producir, en sus dos centrales, 22 megavatios. Fue diseñada no solo para dotar de energía; también para almacenar agua para épocas de sequía, reducir el riesgo de desbordamiento del río Yanuncay, y garantizar el suministro del líquido vital para consumo humano en Cuenca hasta el 2050. 

Por ello resultó inentendible la oposición. Esta podría reactivarse con el anuncio de reanudar la obra, uno de cuyos primeros pasos es volver a obtener el título habilitante.

De hecho, se retomará la socialización. Ojalá prime la sensatez.

Si no se imponía la oposición, el proyecto ya estaría funcionando.