Las recientes elecciones en la Universidad de Cuenca dejaron una lección que va más allá del resultado. El proceso estuvo marcado por una confrontación política intensa, en ciertos momentos áspera y hasta violenta, reflejo de una polarización que no es ajena al clima nacional. Sin embargo, el mensaje posterior de ambos candidatos apunta a un valor que Cuenca históricamente ha sabido cuidar: la capacidad de cerrar ciclos, llamar a la unidad y comprender que las instituciones están por encima de las disputas personales. En ese gesto hay un recordatorio ético fundamental: la política no puede perder de vista su finalidad común.

Esa misma vara ética es la que hoy permite contrastar el pasado con el presente en el ámbito judicial. Durante décadas, la justicia cuencana fue motivo de orgullo local, asociada a sobriedad, rigor y dignidad en el ejercicio de la función pública. Hoy, frente a los cuestionamientos que atraviesan al Consejo de la Judicatura, a la Corte Nacional de Justicia y a la Fiscalía General del Estado, esa memoria colectiva se activa más como nostalgia que como referencia viva. No se trata de idealizar el pasado, sino de reconocer que la decencia institucional —entendida como independencia, mesura y responsabilidad— fue alguna vez un estándar exigible y no una excepción.

Cuenca también se distinguió por la fortaleza de sus instituciones públicas, evaluadas tradicionalmente más allá de las pasiones políticas del momento. Existía una regla no escrita, pero ampliamente respetada: no todo vale en política. Los adversarios podían discrepar con firmeza, pero sin degradar el trato ni comprometer la institucionalidad, conscientes de que los intereses y cargos son transitorios, mientras que las instituciones permanecen. En tiempos de crispación política, recuperar esa ética cuencana en lo judicial, en lo académico y en lo público, no es un ejercicio retórico, sino una práctica cotidiana que exige separar las distancias políticas personales del quehacer institucional.