Con serios cuestionamientos a la Comisión Ciudadana de Selección comienza el proceso de elección del nuevo fiscal general del Estado, dícese, la autoridad más temida; y acaso utilizada, también.

Solo en un país como Ecuador ocurre que los miembros de esa Comisión sean escogidos mediante sorteo.

No solo eso. Según las denuncias, los beneficiarios obtuvieron pésimas calificaciones de entre los demás participantes en el concurso. Tampoco habrían cumplido con todos los requisitos de admisibilidad.

Cinco provienen de las funciones del Estado. 

Otros cinco, representan (¿representan?) a la ciudadanía.

Aun así, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social prosiguió con el proceso. A la hora de la posesión de los escogidos por el azar solo tres consejeros del Cpccs votaron a favor; otro, lo hizo en contra; otro se excusó.

No porque el concurso sufra un retraso de nueve meses se deba actuar de la manera hasta poco seria, como si la elección del fiscal general tratase la de un dirigente parroquiano.

Debió, cuando menos, escogerse a los mejores puntuados, sopesando su experiencia profesional, algo que les dignifique y legitime ante el país como los que darán luz verde para reemplazar a Diana Salazar. Nada menos.

La crítica a tan cuestionada elección ha sido casi unánime. Todo lleva a pensar que los beneficiados de la suerte no están a la altura de semejante tarea; hasta perecen ser vulnerables a ceder ante presiones y amenazas que provendrán de todo lado, no sólo del político, sino hasta del mafioso, o de los dos a la vez. 

Con tal antecedente, que no es cosa menor, ahora habrá que ver si los mejores profesionales del Derecho, que sí los hay, y no solo en Quito o Guayaquil, aquellos no tienen afinidades ni con políticos ni con el crimen organizado, tampoco con el gobierno o la oposición, quieran intervenir en el concurso, sabiendo de antemano la calidad y puntaje de les que tomarán el examen, entre ellos un fotógrafo.