Que un proyecto de ley o de reformas a las vigentes sea archivado quizás no sea lo más relevante cuanto las razones.

Pero si es porque el legislador proponente ni siquiera puede argumentar su propuesta ya es cosa mayor.

Peor todavía si la ciudadanía crítica percibe que el proyecto no es de autoría propia, a lo mucho un respaldo tibio, sino que responde, más bien, a intereses nada positivos.

Un gobierno tiene su propio bloque legislativo, aquel que le da soporte político, está en consonancia con sus planes, y es clave para torear a la oposición.

En ese marco, nada de raro es que, por medio de sus legisladores, busque reformas a leyes o códigos, en algunas circunstancias, encaminadas a limitar libertades, entre ellas las de expresión.

En estos últimos días, un proyecto de reforma al primer inciso del artículo 396 del COIP, pretextando “proteger al periodismo”, dio lugar a severos cuestionamientos.

Se prendieron las alarmas ante el temor de volver a los tiempos en los cuales, por decir las verdades a un funcionario público, sin importar la categoría que tenga, sea demandado penalmente.

En el proyecto de marras, se pretendía que un juez determine si las expresiones deben ser castigadas; en otras palabras, se buscaba “penalizar la opinión”.

Por ventaja, el Consejo de Administración Legislativa resolvió archivarlo.

Queda la duda de si la propuesta se originó dentro del gobierno, o fue iniciativa auténtica del legislador; o, a su vez, un entente para ver si el régimen termina cuajando su persecución a la prensa crítica, poca por cierto pero efectiva, que ha sacado a luz indicios de corrupción por el momento “silenciados con el silencio”, desviando la atención ciudadana, atosigando a medios de comunicación serios, y hasta comprando otros con dudosas inversiones.

Una prueba más para que el pueblo sepa elegir bien a sus representantes; a los partidos y movimientos, para que escojan con lupa a sus candidatos.