A partir del 18 del presente mes y año transcurre diez días de plazo para que los abogados participen en el concurso para elegir al nuevo Fiscal General del Estado.
Empero, el interés por hacerlo no parece ser el mejor, sobre todo de aquellos profesionales que reúnen años y años de experiencia, cuya hoja de vida es inobjetable; que se han capacitado y especializado; que son académicos de prestigio, conferencistas; que la ética y el decoro son pilares fundamentales de sus vidas, de sus familias.
No se sabe si los Colegios de Abogados o las Facultades de Derecho hayan resuelto, a lo mejor, patrocinar a uno, dos o más profesionales.
Al contrario, se han mostrado poco confiables, a sabiendas de que el concurso nació plagado de irregularidades, de desavenencias e intromisiones con tufo político.
Es posible que esas mismas percepciones tengan los demás abogados, y que, por lo tanto, nadie quiera participar, y hasta de que el concurso sea direccionado para favorecer a alguno en particular, con mayor razón si hay señales claras de que las fuerzas políticas pretenden tomarse la Justicia, más de lo que ya está. La Judicatura, por ejemplo.
La Comisión Ciudadana de Selección se integró pese a las objeciones hechas por la Veeduría Ciudadana. Esto dio lugar a que la suerte favoreciera a los peor puntuados, bisoños en lo profesional. Pero, al fin y al cabo, serán los que elijan a la máxima autoridad del Ministerio Público. ¿Una contradicción?
Además, es un concurso organizado por un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ampliamente cuestionado, dícese hasta cooptado por el Ejecutivo. Esto no es nuevo; más bien es una marca desde cuando fue creado.
Cuando concluya el plazo para las inscripciones se conocerá los participantes, con lo cual comenzará el arduo trabajo de ver quiénes son, a quiénes defendieron, y si se merecen desempeñar tan dura responsabilidad.