Dudas más que certezas deja la aprobación la reforma para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía.

Enviada a la Asamblea con el carácter de económico urgente por parte del Ejecutivo, tal parece que la propuesta ni siquiera fue bien leída por los legisladores del oficialismo, cuya consigna es aprobar todo cuanto venga de aquél.

Al ser la minería una actividad que compromete al medio ambiente, a los seres vivos en general, las reformas debieron informarse de manera diáfana, involucrando a todo los actores, debatirse en la Asamblea con conocimiento de causa, considerando los antecedentes, los pro y contra.

Pero no. Primó la urgencia, la imposición, la desinformación, el poco o nulo debate. Las comparecencias ante la comisión legislativa pertinente de ministros con su única verdad, si acaso la fue, una verdad que apalanca la permisividad y facilitación para que las empresas mineras hasta tengan apoyo militar no solo durante las etapas de explotación, sino en las de exploración.

La aplicación de las reformas permitirá conocer sus reales implicaciones, sobre todo en lo relacionado a las licencias ambientales y la consulta libre e informada a las comunidades indígenas afectadas.

Tal parece que ahora obtener la licencia ambiental les resultará muy fácil a las empresas mineras. Una simple autorización les permitirá realizar exploraciones avanzadas, y hasta sin necesidad de presentar estudios de impacto ambiental.

En un solo paso han sido unificadas las diferentes autorizaciones para las diferentes etapas del proceso de explotación. En fin, una ley para controlar con incienso a las compañías mineras.

Cuenca, Azuay, deben estar en alerta constante por el proyecto minero Kimsacocha, más allá de que digan que la ley cuestionada lo ha blindado.

Una cosa es la defensa política de las reformas, otra la realidad cuando, de pronto, se les ocurra abrir la puerta para su explotación.