El Gobierno, a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), ha declarado la emergencia nacional como consecuencia de las graves afectaciones producidas por un invierno destructor en 590 parroquias de 190 cantones de casi todas las provincias.

Lo menos que se puede esperar de esa declaratoria es que, paralelamente, el Gobierno destine recursos económicos para dar soluciones mediatas e inmediatas.

Las consecuencias son devastadoras. Según se reporta, por el momento se registran “11 fallecidos, principalmente por derrumbes, además de 24 personas heridas y 3.752 damnificados”. Además, “82 viviendas destruidas, 844 unidades educativas con afectaciones funcionales, 31 centros de salud afectados, 19 puentes colapsados y alrededor de 35 kilómetros de carreteras dañadas”.

La cadena de daños la comandan las inundaciones; luego los deslizamientos, seguida de lluvias torrenciales, hundimientos y aluviones.

No basta con que la mayoría de Comités de Operaciones Emergentes (COE), provinciales, cantonales, se activen, sino no existe el respaldo directo del Estado central; o que, como dice el decreto de emergencia, que los diversos “niveles de gobierno” se hagan presentes en los territorios afectados para que hagan cuanto deben hacer en función de las prioridades determinadas por el COE nacional.

Sin recursos, si es posible reestructurando presupuestos, para hacer frente a tan agudos problemas, las soluciones bien podrían no ser las mejores.

Es momento para la solidaridad, de tomar precauciones para prevenir cualquier desgracia; por qué no el de reflexionar, tanto autoridades como ciudadanía, sobre las causas que dan origen a semejantes daños cuando el invierno arremete con furia.

En el caso de Cuenca, por ejemplo, el desbordamiento del Yanuncay es un llamado de atención para ejecutar el proyecto hidroeléctrico Soldados, una de cuyas fases es la represa con lo cual se regulará el caudal de este río. Qué esperan.