Alcaldes y los Concejos Cantonales, que son parte de un todo, tienen sus propias competencias reguladas por la Constitución y el Cootad.

Los legisladores también tienen las suyas: legislar y fiscalizar. Nada más.

Valga esa precisión para encuadrar la reunión entre la alcaldesa subrogante de Cuenca, Marisol Peñaloza, y los asambleístas por Azuay.

En seguridad, al Estado le corresponde garantizarla en todo el territorio nacional, hoy por hoy, en gran parte, permeado por la ola criminal en sus diversas manifestaciones, y de la cual Cuenca no escapa.

Que los municipios deben sumar esfuerzos con el Gobierno central para luchar contra ese flagelo también es cierto. La mayoría lo ha hecho, como ha procedido el de Cuenca.

La alcaldesa se compromete a revisar el Plan de Seguridad que tiene el municipio para actualizar las estrategias.

Es necesario que lo haga conocer; igual los cambios a introducir. La participación de los barrios y de otros entes es tarea pendiente, bajo la premisa de que la seguridad es tarea colectiva.

Pondrá al debate el proyecto de ordenanza para regular la circulación de dos personas en motocicleta. Es una propuesta que permanece en la “congeladora”.

Igual, buscará que el Concejo legisle sobre los contratos de arrendamiento ante el temor de que los “nuevos inquilinos”, con las excepciones de rigor, tienen antecedentes penales. Llegan a la ciudad por dos, tres, cuatro días, cometen sus fechorías y se regresan no sin antes “pagar bien” a los arrendatarios.

Que Cuenca requiere más policías, pocos lo dudan. Sobre todo, urgen labores de inteligencia para prevenir el cometimiento del delito, no cuando ha ocurrido.

Los demás ejes de la reunión: coordinación, apertura, apoyo, no confrontación sin hacerse un mea culpa, tienen, sí, validez; pero más para el relato comunicacional.

Ojalá la furia electoral ya en marcha no termine diluyendo la “hoja de ruta”, otro lugar común en la política ecuatoriana.