Una vez que anteayer concluyó la etapa de inscripción de candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) está en marcha la decisiva.

Luego que el CNE revise el cumplimiento de los requisitos, abrirá la fase de las objeciones por parte de los candidatos y de las organizaciones políticas.

Entonces las candidaturas a las diferentes dignidades a elegirse el 29 de noviembre próximo quedarán en firme, con lo cual podrán imprimirse las papeletas y, a la par comenzar la campaña, que apenas durará quince días.

Es posible que algunos candidatos queden fuera. Lo correcto y saludable para la democracia sería que esto no ocurra, más todavía si sería por motivos turbios, que nunca hay que descartar.

En algunas ciudades se han inscrito candidaturas de personajes que tienen conflictos con la justicia. Acaso para buscar impunidad, cuando menos mientras dure la campaña y se proclamen los resultados; y mejor si ganan por el peso político que alcanzarían.

El mundillo político estará atento para ver si el CNE finalmente califica tales candidaturas.

No faltarán las impugnaciones, otro recurso propio de la lucha electoral.

De darse los dos casos, la decisión final la tendrá el Tribunal Contencioso Electoral, ante el cual los que se crean perjudicados con las resoluciones del CNE podrán apelarlas.

Corresponde al Consejo Electoral actuar con transparencia total, de tal manera que sus decisiones al momento de calificar las candidaturas no den lugar a ambigüedades, peor la percepción de que actúa bajo presiones.

Igual exigencia cabe para el Contencioso Electoral si es que le toca zanjar ante potenciales apelaciones.

Esos dos organismos deben esforzare al máximo para despejar sospechas. La única manera de hacerlo es cumpliendo con la ley.

Elecciones libres, sin poner cortapisas para que todos participen en igualdad de condiciones; peor actuando por simples denuncias, es lo que exigen los ecuatorianos.