El Consejo de la Judicatura (CJ), otro de los organismos poderosos que hay el Ecuador, no podrá negar que su resolución de suprimir los juzgados anticorrupción es ampliamente cuestionada.

Fue censurada por la Unión Europea, la OEA, Estados Unidos, que hasta invirtieron recursos económicos para crear la Unidad Anticorrupción, bajo cuya responsabilidad estaban los casos relacionados al crimen organizado, el flagelo más grande y letal que casi tiene de rodillas al Estado.

A nivel interno, llovieron las críticas desde los gremios profesionales del Derecho, líderes de opinión y analistas, hasta las organizaciones civiles que siguen de cerca los pasos de la administración de justicia.

Pocos serán los que aprueben esa resolución malhadada del CJ, entre ellos el crimen organizado, para el cual, qué mejor tener jueces timoratos, ignorantes del Derecho y corruptos.

Los profesionales que, tras un concurso riguroso, como pocos o ninguno los hay en el Ecuador, fueron designados como jueces anticorrupción; luego capacitados para ejercer un cargo que representa alto riesgo, considerando que a sus manos llegan casos de corrupción, de narcotráfico, de lavado de activos, entre otros.

Si bien en el camino uno que otro de esos jueces cayó en la tentación de “venderse”, de ninguna manera justifica que la Unidad Anticorrupción haya sido desmantelada de un solo tajo.

Con argumentos, se ha contra replicado señalando que la pretendida poca carga procesal que tienen no es tal, considerando que los casos que juzgan, abarcan muchas complejidades, decenas de involucrados, y no cualquier involucrado, y todo un andamiaje montado por el mundo del crimen y la corrupción.

Sin ser peyorativos, los jueces anticorrupción tras la resolución del CJ han pasado a ser “uno más del montón” luego de ser reubicados.

Ahora, tanto valdrá que juzguen al ladrón de gallinas como a un narcotraficante. La especialización ha sido enviada “por el caño”.