Cuando el crimen organizado se ha internacionalizado, ha penetrado en la economía, en la política, invade territorios, y hasta le disputa al Estado el patrimonio de la fuerza, enfrentarle requiere la participación de todos los países que sufren este flagelo.

Se cuestionan las sesiones anuales de la ONU. Por su estrado desfilan presidentes de los diferentes países leyendo sus discursos llenos de buenas intenciones, de reclamos, de cuestionamientos hasta ideológicos, de los desafíos que enfrenta el mundo moderno, proponiendo soluciones a varios de los más acuciantes problemas que enfrentan.

En ese marco, el presidente Daniel Noboa planteó varias propuestas para luchar contra aquel enemigo común que, en el caso del Ecuador, se ha afincado y ramificado en delitos como el narcotráfico, la minería ilegal, las extorsiones, entre otros.

Una de las propuestas se relaciona con la creación de un mecanismo internacional para rastrear y congelar flujos financieros ilícitos vinculados al crimen organizado.

La estrategia policial-militar, que ahora cuenta con el apoyo de Estados Unidos, ha permito detener, en algunos casos hasta “dar de baja”, a varios líderes de los grupos criminales; igual, decomisar miles de toneladas de droga y armamento.

Empero, tal como lo advierten expertos en la materia, siguen indemnes, acaso protegidos, acaso activando políticamente, “los verdaderos intermediarios del crimen organizado, quienes se quedan con el 30 % del dinero que se mueve a lo largo de la cadena de valor”.

Además, es mínimo el escaneo de los productos exportables en los puertos de embarque como de desembarque.

No es tarea fácil ni rápida. Ojalá la propuesta de Noboa tenga eco en la comunidad internacional, con mayor razón entre los países integrantes de la coalición Escudo de las Américas.

Sus resultados, entre ellos la quema de barcos pesqueros ecuatorianos, considerados como “auxiliares” de los narcos en alta mar, son cuestionados, pero también aceptados.