¿Qué representa Cuenca para el Gobierno Nacional? La respuesta requiere examinar la inversión pública efectivamente ejecutada, más allá del gasto corriente y de los compromisos anunciados. El Ejecutivo ha destinado recursos a proyectos viales relevantes, entre ellos el distribuidor Monay–IESS, cuyo primer paso elevado ya está en servicio, y la rehabilitación de la vía Cuenca–Molleturo, todavía en ejecución. Sin embargo, la cartera vial anunciada por más de 130 millones de dólares no equivale a una inversión íntegramente realizada. La diferencia también resulta evidente en el convenio suscrito durante las fiestas de independencia para intervenir 19 establecimientos educativos, con una inversión prevista de 982.892 dólares provenientes del Municipio. El Gobierno nacional autorizó las intervenciones, pero no financia, según la información municipal disponible, ese monto. La coordinación institucional es necesaria; convertir las autorizaciones administrativas en demostraciones extraordinarias de apoyo político confunde las responsabilidades del Estado.
La valoración del compromiso gubernamental exige, además, considerar las necesidades que permanecen sin respuesta definitiva. Cuenca mantiene pendientes obras de conectividad y gestiones para financiar su infraestructura hídrica, mientras espera certezas sobre la protección de Quimsacocha. La revocatoria de la licencia ambiental del proyecto Loma Larga, dispuesta en octubre de 2025, constituyó una decisión relevante, pero no extinguió las concesiones mineras ni resolvió todas las controversias jurídicas sobre el territorio. La reapertura gradual del catastro minero, aunque limitada inicialmente a determinadas modalidades de pequeña minería, hace necesario precisar el alcance de la política extractiva nacional y sus garantías para las zonas de recarga hídrica. Las consultas populares expresaron una voluntad ciudadana que merece respuestas institucionales consistentes. Reconocer las obras que avanzan no impide exigir las que faltan. La importancia política de Cuenca debe reflejarse en inversiones verificables, decisiones oportunas y respeto a sus prioridades, no únicamente en ceremonias, visitas o anuncios.
