Ocho muertes violentas registradas en lo que va de este año en el Centro de Privación de Libertad Azuay N.º 1, en Cuenca, reavivan el debate sobre la incidencia de esta cárcel en la seguridad de la ciudad.
La inseguridad es una de las principales preocupaciones de los habitantes de Cuenca. En este contexto, los hechos registrados en el centro penitenciario también generan interrogantes sobre sus posibles repercusiones en la ciudad.
Este establecimiento carcelario, conocido también como cárcel de Turi, comenzó a funcionar el 17 de noviembre de 2014. Su construcción se concretó en medio de protestas de los moradores de la zona, que se oponían a la obra.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) ejecuta un proceso de clasificación de internos. La población carcelaria de este centro es de unas 1.670 personas.
Candidatos
Dos de los nueve candidatos a la Alcaldía de Cuenca incluyen en sus planes de trabajo propuestas relacionadas con la seguridad en el entorno de la cárcel de Turi y la atención de los efectos sociales de la actividad penitenciaria en la ciudad.
Paúl Carrasco, de la alianza Cuencanos Como Vos (Listas 62-107), identifica la delincuencia y las muertes violentas como problemas de alto impacto territorial en el diagnóstico de seguridad de Cuenca.
Su plan señala que, entre 2019 y 2023, la extorsión subió de 83 a 441 casos y registró presencia en parroquias rurales como Turi, Baños y Molleturo, según el diagnóstico de seguridad.
El documento indica que el 93 % de las víctimas de homicidios y asesinatos fueron hombres de entre 18 y 46 años. Además, el 67 % de estos hechos ocurrió en la zona urbana del cantón.
En el área rural, el plan destaca a Turi por los homicidios y asesinatos, y relaciona este fenómeno con la presencia de este establecimiento carcelario y la dinámica delictiva de su entorno.
Frente a esta situación, Carrasco no propone administrar la cárcel, sino impulsar un programa de prevención de la violencia, seguridad humana y protección de derechos en las zonas de mayor incidencia.
Competencia
Por su parte, Juan Cristóbal Lloret, de la alianza La Provincia en Marcha (Listas 63-17-1), aborda la cuestión penitenciaria desde los derechos humanos y el principio de honestidad competencial en la gestión municipal.
Su plan sostiene que el municipio no tiene atribuciones para administrar cárceles y cuestiona los discursos de populismo penal. La custodia penitenciaria corresponde al Gobierno Nacional.
El documento señala que la persecución penal y la custodia de las personas privadas de libertad son responsabilidades del Estado a nivel central y de las instituciones competentes, no del gobierno municipal.
Sin embargo, Lloret plantea que el municipio no debe desentenderse de los efectos sociales y económicos del sistema penitenciario, por lo que propone atender a las familias afectadas.
Su propuesta contempla apoyo a familiares de personas privadas de libertad y víctimas de delitos mediante el Sistema Cantonal de Protección Integral, con atención a niños, adolescentes y hogares afectados.
Legislación
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), en su artículo 54, literal n, establece que los municipios deben crear y coordinar consejos de seguridad ciudadana.
Estos consejos permiten planificar políticas locales de prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana, con la participación de la Policía Nacional, la comunidad, las organizaciones barriales y otras entidades vinculadas.
El artículo 60, literal q, también dispone que el alcalde coordine con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos la formulación y ejecución de políticas locales de prevención, protección y seguridad.
Estas atribuciones permiten a los municipios impulsar acciones preventivas y coordinar respuestas frente a los problemas que afectan al cantón, pero no incluyen la administración de cárceles, que corresponde al Gobierno Nacional.
Mas noticias:
