Con las justas, con 77 votos a favor, la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) logró la aprobación de la Ley Orgánica de Inteligencia, la cual recibió críticas de varios sectores, pues contendría inconstitucionalidades que vulneran varios derechos, como a la privacidad, a la protección de datos personales, a la libertad de expresión, entre otros.
Inés Alarcón (ADN), ponente de la norma, defendió el proyecto, recalcó que la ley no se usará para perseguir a opositores o periodistas, sino que será utilizada para atacar al crimen organizado.
“Los llamo a no tener memoria selectiva y recordar que, tiempo atrás, se utilizaba la Inteligencia para espiar y perseguir a ciudadanos, políticos o periodistas”, señaló Alarcón, quien afirmó que Ecuador era uno de los pocos países que no contaba con una normativa de este tipo.
Según la legisladora, la nueva Ley tiene límites, pues el ente rector, que estará a cargo del Ejecutivo, no podrá obtener información o almacenar datos de personas que realicen actos lícitos, incluidos los periodistas.
“El Sistema de inteligencia tiene otros fines, sirve para tomar decisiones adecuadas del Estado y anticiparse a una amenaza terrorista o al narcotráfico, no para perseguir personas”, recalcó Alarcón, quien sin embargo aceptó que las personas tendrán que entregar la información que se les requiera, sin opción a oponerse.
Un régimen de vigilancia
Desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) se hizo un análisis a la Ley de Inteligencia y se determinó que se vulneran al menos seis tipos de derechos: a la privacidad, al debido proceso, a la protección de datos personales, a la libertad de expresión, a la participación y a la igualdad ante la ley.
Mauricio Alarcón, director ejecutivo de FCD, recalcó que la Ley limita el ejercicio de derechos fundamentales, institucionaliza mecanismos de vigilancia masiva, avala un financiamiento opaco y la ausencia de controles judiciales y ciudadanos efectivos.
“Estamos reviviendo la historia de la época más fuerte del correísmo, con otros autores, pero, con las mismas malas prácticas; intentan vendernos la idea de que esta es una Asamblea distinta, pero es muy parecida a la que aprobó la Ley de Comunicación, vulnerando derechos”, afirmó Alarcón.
Críticas a la Ley de Inteligencia
Entre las críticas que se hicieron a la norma está el establecimiento de un ente rector centralizado bajo el control del Ejecutivo y el acceso sin orden judicial a datos personales y de telecomunicaciones.
También se establece la obligación para instituciones públicas, privadas y personas naturales de entregar información sin protección de confidencialidad, ni posibilidad de oposición.
Además, se establecen gastos reservados, los agentes que integren el Sistema de Inteligencia podrán usar recursos públicos a través de cuentas secretas, los que solo podrán ser auditados por la Contraloría que, posteriormente tiene que destruir la información.
Los votos en la Asamblea
Los 66 votos en contra de la aprobación de la Ley de Inteligencia provinieron de la Revolución Ciudadana, que se opuso principalmente al artículo 51 de la Ley de Inteligencia que, obliga a las operadoras de servicios de telecomunicaciones a entregar toda la información que el Sistema Nacional de Inteligencia le solicite, incluida la ubicación de sus clientes, sin orden judicial, solo con una solicitud.
Desde el Partido Social Cristiano la votación fue en abstención; Alfredo Serrano resaltó la importancia de la Ley de Inteligencia, pero señaló que los artículos que permiten la interceptación de llamadas y el abrir la correspondencia, sin orden judicial, les impidió votar a favor.
Aunque desde Pachakutik se anunció que votarían en bloque, nuevamente lo hicieron por separado, esta vez solo cuatro legisladores votaron a favor de la Ley impulsada por el oficialismo; mientras que otros cuatro se abstuvieron o votaron en contra.
