Antes de que el proyecto de Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública pase al primer debate en el pleno de la Asamblea Nacional, el oficialismo planifica incluir un tema que, aunque no guarda relación con lo económico, sí lo consideran urgente: que los menores de edad que incurran en delitos contra la vida sean juzgados como adultos.
La propuesta nace de Andrés Castillo, legislador de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), quien resaltó que es necesario implementar sanciones severas en contra de los menores de edad que cometen delitos execrables o trabajan con las bandas delincuenciales que operan en el país.
Según Castillo, los jefes de las mafias han aprovechado la imputabilidad (no son responsables de los delitos que cometen) de la que gozan los menores de 18 años, para utilizarlos para cometer delitos graves, sabiendo que no recibirán penas como las de un adulto.
“Los delincuentes menores de edad son aprehendidos, pero el juez los procesa con las garantías que tienen los menores de edad; la consecuencia es que la mafia y los grupos de delincuencia organizada utilizan a las jóvenes como carne de cañón, para ponerlos en la primera fila de combate, para que sean ellos los que delincan, porque son inimputables”, resaltó Castillo.
Nuevas penas, mismos centros
Desde el oficialismo se recalcó que, la propuesta de reforma establece que los menores que hayan incurrido en delitos como asesinato, sicariato, secuestro, extorsión o cualquiera que vulnere el derecho a la vida, deberán recibir la misma pena que un adulto.
Sin embargo, no se modificará el sitio en que los menores de edad deberán cumplir las penas que les impongan; mientras no tengan 18 años serán parte del Sistema de Adolescentes Infractores, para el que existen centros de detención específicos; solo cuando lleguen a la adultez pasarán al Sistema de Rehabilitación Social, es decir, a una cárcel.
“Nosotros no estamos diciendo que les vamos a hacer cumplir a los menores de edad una pena con los adultos, lo que vamos a plantear es que se juzgue en las mismas condiciones de los adultos, es decir, con los mismos procedimientos, las mismas penas y sin las garantías que tienen los menores de edad; el cumplimiento de la pena tendrá que hacerlo en los espacios establecidos”, recalcó el legislador Andrés Castillo.
Apoyo para juzgar a menores como adultos
Desde los legisladores aliados del oficialismo existe apoyo para que una norma de este tipo sea aprobada, sin embargo, no hay consenso para que se la incluya en una ley que tiene carácter de económico urgente.
Para Sergio Peña (ex Revolución Ciudadana), el sancionar como adultos a los menores que cometen delitos execrables es necesario, pues, coincide en que se ha abusado de la imputabilidad de los adolescentes, pero, la duda le salta ante la posibilidad de incluir esta reforma en una ley que no tiene relación con lo penal, sino con lo económico.
“La Constitución establece el principio teleológico, se debe probar conexidad y la causalidad final entre la propuesta y el proyecto económico urgente, eso se tiene que analizar”, recalcó Peña.
Pero para Otto Vera, del Partido Social Cristiano, no existe ningún impedimento legal para que los legisladores incluyan en la norma un tema que considera urgente; incluso señaló que propondrá cambios para el juzgamiento de personas con discapacidad, para que tampoco tengan beneficios carcelarios o judiciales, si es que incurren en delitos graves.
Los delitos cometidos por menores
Según datos de la Policía Nacional, desde el 2022 se han detenido a 8.100 menores de edad que han cometido delitos, de esta cifra, en 2022 se detuvo a 2.099 personas, en 2023 a 2.373 adolescentes, en 2024 fueron 2.277 menores y en lo que va del 2025, de enero hasta la fecha, van 1.179 detenidos.
De los 2.277 menores de edad que fueron detenidos en el 2024, 73 adolescentes estuvieron involucrados en delitos contra la vida, que incluyeron asesinato y sicariato; es a estas personas que está direccionada la reforma legal que propone ADN.
Durante el anterior período legislativo se propuso una reforma similar, para sancionar como adultos a los menores de edad, la cual pretendía ser incluida en el Código Orgánico de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna), ley que finalmente no obtuvo los votos para ser aprobada y quedó en el limbo.
