En el país se hará un nuevo intento para lograr la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), esta vez el proponente es el presidente Daniel Noboa, que incluirá una pregunta sobre el tema en su propuesta de consulta popular.
Noboa planifica preguntarle a la ciudadanía si aprueba la eliminación del organismo y el transferir sus deberes y atribuciones a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado.
Según la Constitución, el Cpccs tiene tres atribuciones principales: promover la participación ciudadana, el control social y la designación de varias autoridades de control, entre estas el fiscal general del Estado, el contralor, los superintendentes, entre otros.
Intentos fallidos
El Cpccs ha sido duramente criticado en diversos sectores y en dos ocasiones estuvo cerca de desaparecer o de perder sus atribuciones, la primera fue en 2021, cuando el Comité por la Institucionalización logró que el tema se debata en la Asamblea Nacional, pero, no existieron los votos necesarios para aprobar la reforma parcial a la Constitución.
La propuesta que llegó al Legislativo buscaba que el Cpccs pierda la atribución de elegir autoridades y esta pase a la Asamblea Nacional, pero, se lograron apenas 53 de los 91 votos necesarios, Alianza PAIS, que se había dividido en correísmo y morenismo, se unió para rechazar la iniciativa.
En 2023, el expresidente Guillermo Lasso llevó el tema a una consulta popular; de igual forma, la idea era quitarle al Cpccs sus facultades para designar a las autoridades de control y, en otra pregunta se consultó sobre la forma de elección de sus integrantes, que actualmente es por voto popular.
En estas dos preguntas y en las seis restantes que propuso Lasso, ganó el No, con lo que nuevamente se descartó la posibilidad de quitarle al Cpccs la atribución de elegir a las autoridades de control.
Un botín político
Desde las organizaciones que se oponen a que el Cpccs siga funcionando, como la fundación Ciudadanía y Desarrollo, consideran que es un organismo que no tiene razón de existir, pues en estos 16 años de existencia se ha convertido en un botín político, del Gobierno o de sus opositores.
“No ha cumplido con ninguna de sus funciones, no ha promocionado la participación ciudadana y ni siquiera ha cumplido con darle al país buenas autoridades de control, solo ha sido un parásito de los recursos públicos, que hasta el momento no ha podido ni nombrar un nuevo fiscal”, recalcó Mauricio Alarcón, de Ciudadanía y Desarrollo.
Sin embargo, Alarcón cree que es importante que se le diga a los ecuatorianos que el mecanismo para eliminar al Cpccs no es una consulta popular, como lo propone Noboa, sino una reforma a la Constitución, que deberá pasar por manos de la Asamblea Nacional, nuevamente.
Una reforma integral
Hernán Ulloa, expresidente del Cpccs, quien conoció casa adentro los problemas que enfrenta el organismo, señaló que la eliminación del Consejo no es la solución, sino que hace falta una reforma a la ley, pues traspasar las atribuciones que tiene a la Asamblea Nacional solo politizará más la designación de autoridades.
“La misma Ley de Participación Ciudadana se encarga de poner la zancadilla a los consejeros, en la designación de autoridades, por eso se la debe cambiar y eliminar las comisiones ciudadanas de selección, que no son un sistema eficaz; devolver esta atribución a la Asamblea es peligroso, porque la institución quedará totalmente secuestrada del poder político”, recalcó Ulloa.
¿Qué pasó con el control social?
Según Hermán Ulloa, el Cpccs debe conservar sus atribuciones de impulso a la participación ciudadana y al control social, pues ha demostrado que es eficaz para capacitar en la conformación de veedurías y observatorios.
Pero, para Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, si se evalúa al Cpccs en el ámbito del control social, la calificación sería nula, pues no ha cumplido un buen rol.
«Estaba encargado del control social, de la fiscalización, pero, no ha fiscalizado a nadie, ha tenido consejeros que incluso han estado vinculados con actos de corrupción”, recalcó Rodas quien, al ser consultado sobre la institución a la que debe pasar la atribución, fue enfático en decir que, a ninguna, pues la contraloría social no debe estatizarse.
