73 demandas de inconstitucionalidad se han presentado en contra de cuatro leyes impulsadas por el presidente Daniel Noboa y por el bloque de parlamentario Acción Democrática Nacional (ADN): la Ley de Integridad Pública, la Ley de Inteligencia, la Ley de Solidaridad y la Ley para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas.
A partir de este 24 de agosto del 2025 la Corte Constitucional (CC) arranca con las audiencias públicas en las que escuchará a los demandantes y a los representes del Gobierno, quienes presentarán sus argumentos para que, se declaren inconstitucionales las normas aprobadas en la Asamblea Nacional, los unos; y, en defensa de que las leyes sigan vigentes, los otros.
El 4 de agosto del 2025 la Corte admitió a trámite las leyes de Inteligencia, Solidaridad e Integridad Pública y aceptó las medidas cautelares para 17 artículos de estas normas, es decir que, suspendió provisionalmente su vigencia, con el fin de precautelar el cumplimiento de la Constitución y ante el peligro de violación de derechos.
La decisión de la Corte desencadenó en una pugna con el presidente Daniel Noboa, que llegó a liderar una marcha en contra de la institución, que incluyó pancartas gigantes en las que se colocó fotografías de los nueve jueces constitucionales, a los que se les responsabilizó de la inseguridad en el país.
El constitucionalista José Chalco informó que, una vez que la CC escuche a las partes, deberá resolver si existen razones y mérito para sostener jurídicamente la inconstitucionalidad de las disposiciones normativas o en su defecto determinar que están bien hechas y que cumplen con los requisitos constitucionales, que pueden seguir vigentes.
La primera en análisis
Las audiencias arrancarán este 24 de agosto del 2025, a las 10:30, con el tratamiento de las demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de la Ley de Solidaridad Nacional, publicada en el Registro Oficial el 10 de junio de 2025.
Según el registro de la CC del 15 de agosto, contra esta normativa se han presentado seis demandas de inconstitucionalidad, que objetan principalmente temas relacionados con el conflicto armado interno y con el indulto presidencial diferido.
El accionante impugnó todas las disposiciones de esta ley, mientras que, por el fondo, impugnó los numerales 4, 5, 14 y 16 de la disposición reformatoria segunda; en cuanto a la suspensión provisional la Corte la aplicó a los artículos 6, 9, 13 y 14.
A cargo de este caso está el juez Alí Lozada, quien convocó a la Presidencia de la República, a la Asamblea Nacional y a la Procuraduría General del Estado que intervengan en la causa, defendiendo o impugnando la constitucionalidad de las normas impugnadas.
La más objetada
Hasta el 15 de agosto del 2025 se habían presentado 61 demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Integridad Pública, a estas se suma la que el Pacto por la Niñez ingresó el 21 de agosto.
Esta ley es tramitada por el juez José Luis Terán, quien convocó a audiencia para el 27 de agosto del 2025; inicialmente la diligencia se debía realizar el 18 de agosto, pero, se aplazó por pedido de la Presidencia de la República y de la Asamblea, que solicitaron más tiempo para emitir su defensa.
En esta norma los temas más objetados son los relacionados con la reforma a la Ley de Servicio Público, que han permitido despidos de funcionarios y la eliminación de instituciones; además, se rechazó la transformación obligatoria de cooperativas en bancos, esto último se encuentra suspendido provisionalmente.
Medidas sin orden judicial
En cuanto a la Ley de Inteligencia, la Corte registra dos demandas de inconstitucionalidad, aunque es la norma que tiene más artículos fueron suspendidos, 12 en total; también se detuvo la vigencia de 9 artículos del Reglamento de la misma normativa.
En cuanto a esta ley, el tema que más objeción ha recibido es el que obliga a las personas y empresas de telefonía a entregar la información de los clientes, sin una orden judicial. La audiencia para tratar esta norma está prevista para el 1 de septiembre.
Lo de difícilmente se salvará
Aunque la suspensión provisional de 17 artículos de las leyes de Integridad Pública, Inteligencia y Solidaridad no significa que vayan a ser declaradas inconstitucionales, entre las tres normativas existen temas que evidentemente vulneran la Constitución y que difícilmente pasarán el filtro de la Corte, según el constitucionalista Ismael Quintana.
Entre los temas que son abiertamente inconstitucionales, para Quintana, está todo el capítulo relacionado con el conflicto armado interno, porque establece la creación de un estado de excepción paralelo.
Además, difícilmente pasará el filtro de la Corte la obtención de información sin orden judicial; la obligación del contralor a incinerar la información de gastos reservados; además, podría ser observado el cambio en el juzgamiento a menores, los despidos a funcionarios y la emergencia judicial.
“La Ley de Integridad Pública tiene además un problema de inconstitucionalidad formal muy grosero, por el principio de unidad de materia; la ley nació para ejercer control al sistema de contratación pública y le agregaron un montón de reformas sin ninguna conexión, que se incorporaron en el segundo debate”, recalcó Quintana.
- 62 demandas de inconstitucionalidad ha recibido la Ley de Integridad Pública; de forma provisional se suspendió la parte la parte que obliga a las cooperativas a convertirse en bancos.
- 6 demandas de inconstitucionalidad ha recibido la Ley de Solidaridad Nacional; 4 artículos de esta norma están suspendidos por la Corte, mientras se resuelve las objeciones.
- 2 demandas tiene en su contra la Ley de Inteligencia, la Corte aceptó las medidas cautelares y suspendió provisionalmente 12 artículos de esta norma y 9 del reglamento.
