Las protestas en contra del alza del diésel se le han salido de las manos al Gobierno, la intensidad de la violencia ha impedido que la Policía Nacional las controle y se han bloqueado el tránsito de las personas; este fue el argumento que usó el presidente Daniel Noboa para decretar el Estado de excepción, que regirá en siete provincias por 60 días.
La decisión del presidente se basó, según el argumento del Decreto Ejecutivo 134, en las noticias de medios digitales, que evidenciaron el cierre de vías en las provincias de Azuay, Carchi, Imbabura, Pichincha, Bolívar, Cotopaxi, y Santo Domingo de los Tsáchilas; también la Policía Nacional y el ECU 911 le entregó un informe de la situación de las carreteras.
“Las manifestaciones que están escalando en hechos violentos, causando en la población a nivel nacional la intranquilidad por no poder desarrollar sus actividades normalmente, ni poder circular en las vías del país con total libertad, afectando sus derechos y convivencia pacífica; además que estas paralizaciones han provocado complicaciones en la cadena de abastecimiento de alimentos a la población”, se recalcó en el Decreto.
Grave conmoción interna
La causal con la que el Gobierno justificó el estado de excepción fue la grave conmoción interna, ocasionada por las protestas y los cierres de vías que impiden el normal desenvolvimiento de actividades.
Sin embargo, el constitucionalista José Chalco puntualizó que la causa deberá ser analizada por la Corte Constitucional, conforme a sus precedentes, institución que decidirá si el estado de excepción de Noboa se mantiene o se lo hecha abajo, como ha ocurrido en anteriores ocasiones.
“Se sostiene aquí que la causa es grave conmoción interna en el Estado, la Corte en su jurisprudencia ha señalado que para esta causal debe concurrir los siguientes elementos: intensidad y gravedad de los hechos y considerable alarma social; considero que en varias provincias esto no se ha presentado”, recalcó el experto.
Para Chalco, es importante resaltar que el estado de excepción debe respetar las causas expresas de la Constitución, bajo un principio de estricta legalidad y mirando las causas que lo motivan, caso contrario, se podría exagerar de esta atribución y afectar otros derechos constitucionales.
“No es una cuestión de táctica política, sino de respuesta institucional y constitucional”, puntualizó el constitucionalista.
Ubicados los cabecillas del paro
Para Zaida Rovira, ministra de Gobierno, el estado de excepción está justificado, pues aseguró que, detrás de las manifestaciones y cierres de vías están organizaciones delictivas que se beneficiaban del bajo costo del diésel, como las que se dedican a la minería ilegal y al contrabando de combustible.
“Estamos presentando las denuncias, tenemos ubicados a ciertos cabecillas de estos grupos que están dedicados a actos delictivos, porque paralizar un servicio público es un acto delictivo, ya los tenemos ubicados”, afirmó Rovira.
La ministra confirmó que varias personas fueron detenidas y se presentaron denuncias ante la Fiscalía por el cierre de las vías; se consultó a la Policía Nacional por el número de detenidos, pero no se proporcionó la información.
Además, Rovira señaló que, gracias al estado de excepción se le permitirá al Gobierno movilizar a las Fuerzas Armadas a los “puntos álgidos” de las protestas, donde se han concentrado las manifestaciones.
“Quienes paralicen servicios públicos van a ser tratados con todo el peso de la ley”, advirtió la ministra, quien señaló que el 16 de septiembre del 2025 se presentaron nuevas denuncias contra los manifestantes.
La respuesta de la Conaie
Por su parte, los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocaron a una Asamblea Extraordinaria en la que analizarán la eliminación de subsidio al diésel, la cual se realizará el jueves 18 de septiembre, a las 10:00, en Riobamba.
Marlon Vargas, presidente de la Conaie, informó que la organización le exige al Gobierno la derogatoria inmediata del Decreto 126, porque perjudica al sector empobrecido del país.
Pugna en la Asamblea Nacional
La eliminación del subsidio al diésel se convirtió en un nuevo motivo de enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición en la Asamblea Nacional.
Aunque las bancadas de ADN y del correísmo querían lo mismo: debatir el tema, el objetivo era distinto, pues unos querían apoyar la medida y los otros rechazarla.
Se le negó a Juan Pablo Molina, de la Revolución Ciudadana (RC), su pedido de cambio de orden del día para analizar el estado de excepción establecido por el presidente Daniel Noboa; pero sí se dio paso la moción de Esteban Torres, de ADN, para apoyar al mandatario en su decisión de eliminar el subsidio al diésel.
Esto generó que los correístas, a gritos, exijan que se les permita presentar su moción; la cual fue ignorada; fue la propuesta de Esteban Torres la que, con 78 votos a favor, logró ser aprobada.
