En distintas sedes, pero de forma paralela, este 18 de septiembre del 2025 se reunieron varias organizaciones indígenas y resolvieron exigirle al presidente Daniel Noboa que derogue el Decreto Ejecutivo 126, con el que eliminó el subsidio al diésel; además, convocaron a un paro nacional; el Gobierno les anticipó que los acusará de terrorismo.
Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), informó que, entre los puntos acordados en la Asamblea Extraordinaria de esta agrupación se decidió convocar a un paro nacional, inmediato e indefinido.
“Convocar a nuestras bases, a las organizaciones sociales y sociedad civil, en todo el territorio del Ecuador, al paro nacional de carácter inmediato e indefinido”, afirmó Vargas, quien aclaró que cada comunidad, en su territorio, decidirá si la protesta incluye un traslado a Quito, sede del Ejecutivo; aunque actualmente el presidente despacha desde Latacunga.
Adicionalmente, la Conaie declaró el estado de excepción comunitaria en los territorios de pueblos y nacionalidades, con lo cual, se prohíbe el ingreso de la fuerza pública.
“Llamamos a activar a las guardias comunitarias para protección de nuestros pueblos. Que no vayan a las comunidades, a los pueblos, a asesinar”, recalcó Vargas.
Adicionalmente, la Conaie le exigió al Gobierno que le retire la licencia ambiental al proyecto Loma Larga, en Quimsacocha; que se reduzca el IVA del 15 % al 12 %; rechazó la consulta popular; también pidieron a los organismos internacionales que estén vigilantes, para que el Gobierno respete su derecho a la resistencia.
“Denunciamos y rechazamos las amenazas, persecución, represión y criminalización por parte del Gobierno, nos acogemos al derecho a la resistencia y alertamos a los organismos internacionales, UNU, CIDH, a permanecer vigilantes”, afirmó Vargas.
En movilización permanente
Ayer también se reunió la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin); tras el encuentro se declaró en asamblea permanente, con el objetivo de organizar movilizaciones de carácter indefinido.
“Nos hemos declarado en movilización permanente, en asamblea permanente en todos los territorios, para iniciar este proceso de movilización nacional, progresiva e indefinida, donde participen todas nuestras estructuras provinciales”, afirmó Gary Espinoza, presidente de la Fenocin.
La Fenocin también resolvió exigirle al presidente Noboa la derogatoria del Decreto 126; Espinosa recalcó que el diésel es parte fundamental de la cadena productiva y retirarle el subsidio es un nuevo golpe a “la escuálida economía de los ecuatorianos”.
Declaran persona no grata a la vicepresidenta
La Federación de los Pueblos Kichwas de la Sierra Norte del Ecuador, que agrupa a los pueblos Caranqui, Natabuela, Imantag, Otavalo y Kayambi, también se convocó a la paralización indefinida e inmediata.
Además, la organización declaró persona no grata a la vicepresidenta de la República, María José Pinto, quien desde el fin de semana trasladó su despacho a la ciudad de Otavalo, se le exigió la salida inmediata de este territorio.
Ante esta exigencia, la vicepresidenta señaló: “no hay planteamiento que me haga parar el trabajo que quiero hacer por el Ecuador”.
La toma de Latacunga
El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) también se reunió este 18 de septiembre del 2025 y decidió declarar al presidente Daniel Noboa como persona no grata en esta provincia y le exigen salir de Latacunga, donde mudó al poder Ejecutivo desde el fin de semana.
“Convocar a las organizaciones del movimiento indígena de todos los pueblos y nacionalidades a la Toma de la ciudad de Latacunga para exigir la salida de Daniel Noboa hacia su ciudad de origen en Miami – Estados Unidos”, resolvió el MICC.
La organización además anunció que se unirá al paro nacional, convocado por la Conaie, de carácter permanente y progresivo.
Noboa advierte acusación por terrorismo
Mientras las diversas organizaciones indígenas se reunían, el presidente Daniel Noboa se trasladó a Riobamba, donde realizó la entrega de obras, tractores y bonos para el sector agrícola; en esta misma ciudad se realizó la Asamblea de la Conaie.
En su intervención, el primer mandatario recalcó que le dispuso a Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, que vigile las juntas de agua, para evitar que se utilice el agua de riego como un método de presión para que las comunidades se unan a las acciones de protesta anunciadas por las organizaciones indígenas.
“Serán denunciados por terrorismo y se irán 30 años presos a la cárcel, cualquiera que les quite el agua; no podemos permitir que gente que ya perdió, una y otra vez, venga a querer dañar nuestra gestión y su trabajo con presiones para hacer actos violentos, con esa gente, cero tolerancia”, afirmó Noboa con respecto a los organizadores del paro.
Más tarde, después de que las organizaciones indígenas anunciaron el paro, la Presidencia de la República ratificó que “quienes incurran en actos de terrorismo, bloqueos ilegales de vías o violencia organizada serán sancionados conforme a la ley”, e
«Ningún grupo, organización o territorio puede imponer su voluntad sobre el resto de la Nación mediante la violencia, la intimidación o la paralización de servicios públicos. Los derechos de la mayoría de los ecuatorianos merecen respeto», señaló el comunicado.
Loma Larga en manos de las autoridades locales
En el comunicado el Gobierno también se refirió al proyecto minero Loma Larga, en Quimsacocha, se señaló “ciertos actores políticos” que buscan sembrar dudas e imponer sus exigencias sobre el mandato popular.
“A esos pocos que fueron derrotados en las urnas, les recordamos: el Estado no continuará con su ejecución, y nos encontramos a la espera de que el Municipio de Cuenca y la Prefectura del Azuay entreguen los informes técnicos correspondientes. La responsabilidad sobre este proyecto recaerá en dichas autoridades locales”, se recalcó en el comunicado.
Fiscalía advierte a manifestantes
Fiscalía General del Estado, a través de un comunicado, señaló que los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, pero les advirtió que los organizadores del paro no pueden adoptar conductas que vulneren los bienes jurídicos protegidos penalmente, pues los acusará de terrorismo.
«Acciones como sabotaje, terrorismo, paralización de servicios públicos, destrucción de instalaciones de servicios básicos, ataque y resistencia, o incitación a la discordia entre ciudadanos constituyen delitos tipificados y sancionados en el Código Orgánico Integral Penal», señaló la Fiscalía.
La institución también dejó claro que «actuará con firmeza» ante la posible comisión de delitos.
