Tras 12 días del paro nacional, este 3 de octubre del 2025, Imbabura, epicentro de paro nacional, amaneció con un movimiento relativamente normal, esto después de que la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi (Unorcac) abrió un corredor de abastecimiento que, por seis horas permitió que los habitantes de esta provincia adquieran los productos de primera necesidad y se movilicen.
En un comunicado, la Unorcac informó que, desde las 06:00 hasta las 12:00 se habilitaría el paso para vehículos recolectores de basura, distribuidores de gas y autos particulares, estos últimos de forma controlada.
Aunque en la comunicación se señaló que el objetivo de esta jornada de abastecimiento fue que las personas tomen fuerzas para continuar con la protesta; desde la dirigencia de la organización indígena se señaló que existe apertura al diálogo con el Gobierno, para poner fin al paro.
Falta de voluntad del Gobierno
Martha Túquerres, presidenta de la Unorac, recalcó que se mantendrán en resistencia desde los territorios, pero, también aceptó que, si el Gobierno cumple con ciertas exigencias, están dispuestos a dialogar y llegar a acuerdos para detener las manifestaciones.
“Tenemos la predisposición del diálogo, que sea abierto, en el cual nos garantice a todos los dirigentes poder sentarnos y expresar todo lo que nosotros sentimos y dar a conocer nuestras propuestas de trabajo”, afirmó Túquerres en una rueda de prensa que brindó ayer.
Sin embargo, puntualizó la dirigente indígena, por parte del Gobierno existe una descoordinación que ha impedido que se dialogue y se llegue a acuerdos, de lo cual se desligó de responsabilidades.
“Ha habido descoordinación por parte del Gobierno, eso quiero dejar enfatizado, nosotros como organización hemos hecho toda la apertura, sin embargo, no se ha logrado concretar este diálogo por parte del Gobierno hasta la fecha”, afirmó Túquerres.
Las exigencias de la organización
Para dar por terminado el paro en la provincia de Imbabura, la Unorcac recalcó que hace falta que el presidente Daniel Noboa revierta el Decreto Ejecutivo 126, con el que eliminó el subsidio al diésel; además, se pidió que se descarten los procesos penales y el bloqueo de cuentas bancarias de los dirigentes.
“No queremos acusaciones directas a los dirigentes que somos parte de esta lucha, nos acusan de terroristas, nos acusan de secuestradores, nos persiguen, nos dejan bloqueadas las cuentas, sin un adecuado proceso”, afirmó la presidenta de la Unorac.
Adicionalmente, se exigió justicia y reparación para la familia de Efraín Fuérez, quien falleció el pasado 28 de septiembre, en medio de las jornadas de protesta en la provincia de Imbabura.
División en el sector indígena
La decisión de abrir un corredor de abastecimiento y de mostrar una postura conciliadora, por parte de la Unorcac, se dio un día después de que Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), tras un Consejo Ampliado realizado en Quito, decidió radicalizar el paro nacional, hasta que se derogue el Decreto Ejecutivo 126.
Martha Túquerres aclaró que, aunque en el ámbito político respetan las estructuras organizativas, la Unorcac no responde a las decisiones de la Conaie, pues a nivel nacional son parte de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin).
Se deslinda de agresión a militares
El pasado 28 de septiembre, en medio del ingreso de un convoy al que el Gobierno calificó de “humanitario”, 17 militares fueron retenidos por los indígenas de Cotacachi; su liberación fue el 30 de septiembre y, según reportó el Ministerio de Defensa, fueron golpeados, al punto de tener fracturas graves.
Sin embargo, la Unorcac se deslindó de responsabilidades sobre este tema, la presidenta de la organización indígena señaló que los uniformados en realidad fueron “rescatados” y «cuidados» por la comunidad, que los encontró golpeados y los devolvió sin daños de consideración.
Al contrario, según Vivian Idrovo, de la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, señaló que han sido las fuerzas del orden, principalmente los militares, quienes han agredido a los manifestantes, hasta el 3 de octubre del 2025 registraron 183 vulneraciones.
