“Si hay que ir a radicalizar, vamos a radicalizar el paro nacional y, si tenemos que tomarnos la ciudad de Quito, vamos a tomarnos”, esta fue la advertencia que Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), lanzó al Gobierno; las autoridades, nacionales y locales reaccionaron ante la amenaza de protestas.
Vargas además le anticipó al actual Gobierno que la paciencia se les está acabando y que están cerca de tomar acciones como las que llevaron a los paros nacionales del 2019 y el 2022, cuando las organizaciones indígenas sí llegaron a la capital; también mencionó los nombres de otros presidentes de la República que dejaron el poder tras enfrentar manifestaciones.
“Cuidado, se nos va a acabar la paciencia presidente, cuidado porque el Gobierno tiene que saber que pasó con Abdalá Bucaram, que pasó con Jamil Mahuad, que pasó con Lucio Gutiérrez y que pasó en los paros de 2019 y 2022 (…) la Conaie y sus organizaciones está en capacidad de radicalizar decisiones”, afirmó Vargas.
Reacción desde el Gobierno
El presidente Daniel Noboa, a través de sus redes sociales, advirtió con establecer acciones en contra de quienes intenten tomarse, por la fuerza, la ciudad de Quito.
“Nadie puede venir a tomarse por la fuerza la capital de todos los ecuatorianos. A los que eligen la violencia, los espera la ley. A los que actúan como delincuentes, se los tratará como delincuentes”, recalcó el primer mandatario.
En su publicación Noboa además señaló que este 6 de octubre del 2025 cumplirá agenda en Pastaza, provincia en la que también se realizará una marcha en contra del Gobierno, la minería y la explotación petrolera.
Este 5 de octubre el primer mandatario estuvo en Quito, la Presidencia de la República informó que participó en una ceremonia eucarística en la iglesia de San Francisco, en el centro histórico de la capital.
Alcalde advierte que Quito está protegida
A través de su cuenta de X, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, rememoró todas las acciones que, desde el inicio del paro nacional emprendió para proteger a la ciudad de las posibles manifestaciones.
“Envié a los ministros de Defensa y del Interior un oficio solicitando resguardo policial y militar para nuestras infraestructuras esenciales”, afirmó Muñoz, quien además recalcó que todas las instancias municipales fueron instruidas para asegurar la normalidad en los servicios de salud y educación, agua potable, transporte metropolitano, recolección de basura, obra pública, entre otros.
“También dispuse mantener activos los operativos de la Secretaría de Seguridad de Quito, para cuidar la ciudad, su gente y su derecho a vivir en orden y paz”, señaló el burgomaestre de la capital.
El Consejo Metropolitano de Quito se reunirá este 6 de octubre del 2025, para analizar el Protocolo ante eventos de conmoción social y las acciones ejecutadas para proteger a la ciudad.
Marcha pro y contra el Gobierno
El 5 de octubre del 2025 en el Arbolito, parque emblemático de la ciudad de Quito, se congregaron manifestantes, tanto a favor, como en contra del Gobierno; los primeros se anticiparon a las organizaciones sociales y se instalaron, hasta con tarima y concierto.
La presencia de los simpatizantes del Gobierno obligó a que quienes protestaban en contra del presidente Noboa muevan su lugar de concentración, se congregaron en los exteriores del edificio de la Fiscalía General del Estado, a unas pocas cuadras del Arbolito.
Nuevo estado de excepción
Después de que la noche del viernes 3 de octubre la Corte Constitucional determinó que el estado de excepción era constitucional, pero, solo para Carchi e Imbabura, el presidente Daniel Noboa emitió un nuevo decreto y no solo insistió con la medida en las cinco provincias en las que se le negó, sino que elevó el número a diez.
A través del Decreto Ejecutivo 174, el primer mandatario declaró el estado de excepción en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza; con el que se prohibió la libertad de reunión y se permitió la movilización de las Fuerzas Armadas.
La decisión del presidente se fundamentó en las paralizaciones y hechos de violencia que han alterado el orden público, “provocando situaciones que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y sus derechos a la vida”.
