Han pasado 40 años desde que Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, integrantes del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo, fueron detenidos supuestamente de forma arbitraria por militares en Esmeraldas, el 10 de noviembre de 1985; este 5 de noviembre del 2025 se instaló la audiencia de juicio aplazada desde hace 11 años.

El fiscal general del Estado subrogante, Leonardo Alarcón, presentó el alegato de apertura, en el que anunció que se demostrará –con base en las pruebas recabadas–, la responsabilidad de los seis militares procesados.

La Fiscalía informó que, en este caso se investigan violaciones de los derechos humanos que, en su conjunto, constituyen crímenes de lesa humanidad, ante la actuación coordinada de estructuras estatales –cadena de mando, inteligencia, custodia e interrogatorio, apoyo médico y operativo– contra personas tratadas como “enemigos internos”.

Las tres supuestas víctimas sufrieron torturas físicas, sexuales y psicológicas. Incluso, a una de ellas le borraron toda su información del Registro Civil y fue desaparecida de manera forzada.

Los hechos habrían ocurrido entre 1984 y 1988, durante el Gobierno de León Febres-Cordero (+), quien se caracterizó por realizar acciones en contra de la subversión de Alfaro Vive Carajo.

La Fiscalía ofrece probar que:

• Existió una estructura estatal sistemática, como una política de Estado, direccionada al combate del “enemigo interno”.

• El 10 de noviembre de 1985, Luis Alberto Vaca Jácome, Susana Valeria Cajas Lara y Francisco Javier Jarrín Sánchez fueron detenidos –sin orden judicial– en Esmeraldas por personal militar y llevados al Batallón Escuela de Ingenieros N.º 1 “Montúfar”.

• La madrugada del 11 de noviembre de 1985, las tres víctimas fueron trasladadas al AEIM (Conocoto), donde permanecieron en custodia militar y fueron sometidas a interrogatorios violentos, torturas físicas y psicológicas, y tratos crueles, durante dieciséis días.

• Luis Vaca permaneció desaparecido, fuera de toda protección judicial, durante aproximadamente dos años, bajo custodia de miembros de inteligencia militar, siendo liberado en Ibarra.

• Las víctimas y sus familiares, a consecuencia de estos hechos, sufrieron una afectación a su derecho a la libertad, a la integridad, a la dignidad humana y a otros derechos.