Los contratos con Progen se concretaron en agosto del 2024 y cuatro meses después sus generadores debían estar operando y generando 100 MW en la planta termoeléctrica de Salitral y 50 MW en la de Quevedo; han pasado 16 meses y no le han entregado al país ni un megavatio (MW) de electricidad.

Solo después de este tiempo, el Gobierno ha decidido tomar cartas en el asunto para reclamar los 69,5 millones de dólares que se le pagó a la empresa estadounidense, a cambio de equipos usados, que no cumplían con las especificaciones técnicas, estaban incompletos o no podían operar en las condiciones del sistema eléctrico nacional.

“Dispuse que el Estado ecuatoriano demande a Progen en Estados Unidos. Ayer se presentó. Sé que este tema ha generado preocupación a muchos ecuatorianos. Por eso cuentan con mi decisión y determinación, de acudir a todas las instancias, hasta que exista reparación integral al país”, afirmó el presidente Daniel Noboa.

Denuncia en Estados Unidos

Según la publicación del jefe de Estado, la Corporación Nacional de Electricidad (Celec EP) presentó la demanda en contra de Progen ante el Tribunal de Distrito Medio de Estados Unidos, para La Florida, el 15 de diciembre del 2025.

En la demanda se solicita el pago de daños y medidas de reparación equitativas relacionadas con el fraude de los demandados, el enriquecimiento injusto y las violaciones de la normativa aplicable.

Según una publicación de Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, la demanda contra Progen en Estados Unidos se presentó bajo la ley RICO, con lo que se pretendería triplicar el monto que el Estado ecuatoriano perdió en este caso.

“Procedimos a demandar, una conducta penal con indemnización. Creada en 1970 bajo el nombre Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act esta ley es para sistemas de corrupción criminales y se puede solicitar triple indemnización”, afirmó Manzano.

Para demandar en Estados Unidos con base a la Ley RICO, es necesario que la empresa haya cometido más de dos delitos relacionados, en un período corto de tiempo, es decir, no se sanciona un hecho puntual, sino un patrón de conducta.

¿Por qué no en Ecuador?

Mientras el Gobierno anuncia acciones en Estados Unidos, en la Asamblea Nacional los legisladores de oposición se preguntan: ¿Por qué no se denuncia en Ecuador?

“La pregunta al presidente es: ¿Ya inició la investigación a los funcionarios de alto nivel, mediano y bajo nivel? ¿Ya ordenó la fiscalización interna? ¿Por qué no permite que la Asamblea Nacional haga una tarea fiscalizadora sobre ese tema? ¿Por qué no dieron paso al juicio político a la ministra de Energía?”, señaló José Serrano, del Partido Social Cristiano.

Las mismas preguntas provienen del correísmo que, a través de la Comisión de Garantías Constitucionales intentó fiscalizar el caso Progen, pero, fue bloqueada por la Comisión de Justicia, que lleva seis meses analizando el tema, sin resultados.

Este 16 de diciembre del 2025, Diana Jácome, presidenta de la Comisión de Justicia y legisladora oficialista, anunció que en los próximos días entregará el informe del caso Progen, aunque no dio una fecha exacta, ni adelantó si se evidenciarán irregularidades.

Sin embargo, Blasco Luna, de la Revolución Ciudadana (RC), quien también integra la Comisión de Justicia, no llega a entender con que base se elaboró el informe, pues el bloque oficialista se negó a convocar a comparecer a los ministros Roberto Luque e Inés Manzano, quienes serían los responsables políticos de lo ocurrido con Progen.

¿Y la denuncia en Ecuador?

Dentro de la Asamblea Nacional también existe un cuestionamiento de por qué el Gobierno no ha denunciado el caso Progen en Ecuador, el legislador Lenin Barreto (RC) presentó en octubre del 2024 una notita criminis en la Fiscalía, sobre cuyos avances no le han informado.

“No se ha escuchado de allanamientos a Luque o Manzano, el exviceministro Fabián Calero ya está fuera del país, se fue sin asumir su responsabilidad; el Gobierno está acostumbrado a levantar shows, nos quieren distraer de los escándalos con esta denuncia en Estados Unidos, cuando la denuncia debe hacerse en Ecuador, que donde se cometió el delito”, afirmó Barreto.

El perjuicio no termina ahí

La Contraloría General del Estado está por concluir, se dará a conocer el enero del 2026, un informe sobre un tercer contrato con Progen, esta vez realizado para la repotenciación de la Central Termoeléctrica Catamayo, en el cual también existirían irregularidades.

El contralor Mauricio Torres anticipó que en este caso también existirían responsabilidades civiles y administrativas, además de indicios de responsabilidad penal; por un contrato con la Empresa Eléctrica Regional del Sur, en el que el país pagó 20 millones de dólares.

Al igual que con lo sucedido en Salitral y Quevedo, la auditoría identificó que los equipos ofertados por Progen no cumplían las especificaciones técnicas, como el voltaje requerido, ni la compatibilidad con el combustible y que los motores carecían de respaldo y garantía del fabricante.

A pesar de estas observaciones, se validó la oferta y se autorizaron pagos de hasta el 70% del contrato, sin verificaciones técnicas reales.