El 24 de diciembre del 2025, en el Complejo Judicial Norte de Quito, se debía instalar el juicio en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, además de 15 personas y 6 empresas, de propiedad de la familia del burgomaestre.

La audiencia de juicio se declaró fallida y se espera se retome a finales de enero del 2026.

Inicialmente, la audiencia del caso Triple A debía desarrollarse entre el 21 de enero y el 1 de febrero de 2026, pero, fue reprogramada para iniciar el 24 de diciembre de 2025, horas antes de Navidad.

En el conocido como caso Triple se investiga el presunto delito de distribución y comercialización ilegal de combustibles que, conforme al artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas de dos meses a cinco años, dependiendo del nivel de la infracción.

En este caso, la Fiscalía ha anticipado que el hecho ilícito se habría efectuado a gran escala, por lo que se esperaría

El caso avanzó a juicio con base en más de 250 elementos de convicción presentados por el Fiscal de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, a cargo del caso.

¿A quién se investiga?

Las personas naturales llamadas a juicio son: Aquiles Álvarez, Xavier V., Juan Carlos A., Juan Dionisio A., Gloria S., Rosa O., Edgar F., María C., Fausto V., Olga O., Edgar C., José C., Lady C., Jessenia V., Carolina T. y Raúl Z.

Además, se investiga a seis personas jurídicas, es decir, empresas: Fuelcorp, Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum, Indudiesel y Harsajudi S. A., que son de propiedad de la familia del alcalde de Guayaquil.

Desde el 20 de julio del 2024, cuando estas personas fueron llamadas a juicio, el juez del caso ratificó las medidas cautelares impuestas a todos los procesados y, en el caso de Aquiles Álvarez, ordenó nuevamente la colocación del dispositivo de vigilancia electrónica (grillete), como se dispuso en la audiencia de vinculación.

¿Qué se investiga?

La investigación se inició tras una denuncia presentada el 11 de julio del 2024 por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arconel), en la que se alertaba sobre una distribución y comercialización irregular de combustibles.

Esta irregularidad habría generado un perjuicio al Estado ecuatoriano, debido a diferencias considerables entre el volumen despachado y el facturado por varias estaciones de servicio y empresas comercializadoras.

Según la investigación de Fiscalía, el perjuicio económico al Estado ascendería a 61’502.658,39 dólares, correspondiente a 22’777.191,80 galones de combustible (diésel y gasolina).

Los informes periciales determinaron que las capacidades de almacenamiento de las estaciones de servicio no corresponden con el volumen adquirido a las empresas procesadas. Además, durante la instrucción fiscal se identificaron irregularidades que serían atribuibles directamente a los representantes de dichas compañías.

La pugna entre Noboa y Álvarez

El caso Triple A es una arista más de la pugna que existe entre el presidente Daniel Noboa y el alcalde de Guayaquil, fue precisamente el primer mandatario quien hizo público el caso, incluso antes de que Arconel presentara la denuncia.

En una entrevista radial emitida el 8 de julio del 2024, Noboa se refirió al contrabando de combustibles y habló, sin mencionar a las empresas de Álvarez, de comercializadoras que tienen registros de vehículos con un consumo exorbitante de gasolinas y diésel, que no se justifica y señaló que sus propietarios deben estar “presos”, tres días después se acusó oficialmente al alcalde de Guayaquil.

Álvarez ha señalado que el caso Triple A es parte de una persecución política por parte del Gobierno de Noboa; previo al inicio del juicio respondió un mensaje del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien le dio su apoyo.

“La historia los dibujará como lo peor que le pasó al Ecuador. Han terminado de destruir al país. Estamos con Dios y con el pueblo”, señaló Álvarez en su cuenta de X.

Juez que denunció presiones

A cargo del caso Triple A estaba el tribunal integrado por los jueces Jorge Sánchez Pico (ponente), Christian Fierro Fierro y Carlos Serrano Lucero, este último renunció tras presentar una denuncia por presiones en otro caso, por parte de un funcionario de alto nivel del Consejo de la Judicatura.

Hoy se conoce que quien presionó al juez Serrano fue Henry Gaibor, exdirector del Consejo de la Judicatura en Pichincha, quien buscaba beneficiar al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, procesado en el caso Euro 2024, por el delito de lavado de activos vinculado al narcotráfico.

Tras recibir una amenazada de muerte de parte Jezdimir Srdan, durante la audiencia en la que lo declaró culpable; de ser presionado por Gaibor y de que un coche bomba explotó cerca de su oficina, Serrano renunció, dejando al tribunal del caso Triple A incompleto.

Ante la renuncia de Serrano y su salida del país, se lo reemplazó con la jueza Consuelo Tapia, quien fue recusada (pedido para que deje el caso) por Petroecuador. (I)