Por inconsistencias en las firmas de respaldo, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió no dar paso al procedimiento de juicio político en contra de Xavier Fantoni, Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero y Piedad Cuarán, vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Luis Molina, asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), solicitó el juicio político en contra de los consejeros, por ser los responsables del nombramiento de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.

El CAL aprobó el informe técnico-jurídico emitido por la Unidad Técnica Legislativa, el cual recomendó que no se acepte el trámite, pues la solicitud presentada no cumple con los requisitos constitucionales y legales para su admisión a trámite.

Entre las principales causales que motivaron la no admisión del pedido consta que, de los 42 registros de firmas de respaldo presentados, 16 presentan inconsistencias relacionadas con la integridad de la firma electrónica.

Firmas no coinciden

Las rúbricas que presentan problemas en la integridad de la firma electrónica corresponden a los siguientes asambleístas:

Blasco Luna (RC)

Paola Cabezas (RC)

Ricardo Patiño (RC)

Milena Jácome (RC)

Héctor Valladarez (RC)

Roque Ordoñez (RC)

Lenin Barreto (RC)

Sara Cabrera (RC)

Josefina Romero (RC)

Héctor Rodríguez (RC)

Marcos Alvarado (RC)

Jahiren Noriega (RC)

Kleiner Guzmán (RC)

Lizardo Casanova (RC)

Ronal González (RC)

Verónica Íñiguez (RC)

Adicionalmente, según el informe, en la solicitud de juicio político no se nombra a la autoridad sujeta al proceso, sino que, se olvidaron de reemplazar el nombre de Jimmy Martin, exministro de Salud, a quien el correísmo intentó enjuiciar anteriormente.

En virtud de estas inconsistencias, la Unidad Técnica Legislativa recomendó no dar paso al trámite, al considerar que la solicitud incumple lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la República, así como en los artículos 78 y 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.