Con 10 votos, de todos los asambleístas presentes, el pedido de juicio político a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, fue calificado ayer por la Comisión de Fiscalización, con lo que el proceso inició oficialmente y en 30 días se conocerá si será destituido y censurado,

La sesión de la Comisión no estuvo exenta de polémica, los legisladores de la Revolución Ciudadana (RC) y de Acción Democrática Nacional (ADN) se enfrentaron verbalmente, en más de una ocasión, aunque finalmente votaron juntos.

Los primeros presionaron para que el juicio político pase el filtro de la mesa legislativa y los segundos se concentraron en recordarle al correísmo las veces en que salvaron a autoridades afines a su postura política y mencionaron el caso de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ).

¿De qué le acusan a Godoy?

El pedido de juicio político en contra de Godoy fue presentado por los asambleístas del correísmo Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso.

Los legisladores de la RC señalan a Godoy de incumplimiento de funciones por cuatro causales:

• La primera es la razón por la que se ha llevado al presidente de la Judicatura al estrado: la presunta presión que Henry Gaibor, director del CJ de Pichicha y mano derecha de Godoy, ejerció contra el juez anticorrupción Carlos Serrano, para que falle a favor de un procesado por narcotráfico, el serbio Jezdimir Srdan.

• Además, el correísmo le acusa de no garantizar la independencia judicial, ni promover la transparencia y probidad que exige la Constitución ecuatoriana en su artículo 168.
• También se le señala por conflictos de interés, derivados de la participación previa de la esposa de Godoy en la defensa técnica de Srdan, lo cual habría podido incidir en las presiones al juez Serrano.

• Por último, Mario Godoy es acusado de falta de control disciplinario efectivo, pues se alega que, aun teniendo conocimiento de presuntas irregularidades o presiones de su colaborador, no aplicó medidas disciplinarias, ni acciones correctivas inmediatas frente a los hechos denunciados, solo le aceptó la renuncia.

Corren los plazos

A partir de que el pedido de juicio político en contra de Mario Godoy fue calificado, comenzaron a correr los 15 días que tienen los denunciantes y el denunciado para presentar pruebas de cargo y descargo; después de esto, vendrán 10 días más para que las partes evacuen las mencionadas pruebas, es decir, se defiendan.

Tras recibir las pruebas y escuchar comparecencias, la Comisión de Fiscalización contará con 5 días para emitir un informe en el que recomiende el enjuiciamiento o el archivo, para lo cual puede solicitar 5 días más de prórroga.

El informe de la Comisión de Fiscalización, independientemente de si recomienda o no el enjuiciamiento, pasará al Pleno, donde se tomará la decisión final: si Godoy es destituido o salvado.

Para cualquiera de las dos decisiones se requieren 101 votos, es decir que, nuevamente el correísmo y el oficialismo se unan, como ocurrió ayer en la mesa legislativa, caso contrario, Godoy se salvará. Se estima que el proceso durará hasta mediados de febrero.

En cuanto a quienes comparecerán ante la Comisión de Fiscalización, Álvarez anticipó que están convocados el juez Carlos Serrano y José Suing, quien el lunes renunció a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia.

Ignoraron el pedido de excusa

De los 90 minutos que duró la sesión de la Comisión de Fiscalización este 15 de enero del 2025, 60 minutos fueron empleados para analizar el pedido que la Revolución Ciudadana hizo para que los legisladores Luigi García (ADN) y José Nango (Pachakutik) se excusen de participar en el análisis del caso, por conflictos de interés.

Según las pruebas presentadas por el correísmo, García no podía participar en la sesión porque Dolores Vintimilla, esposa de Mario Godoy, trabajó con el despacho del padre del legislador hasta el 2020; mientras que a Nango se le señaló porque su hijo es empleado de la Judicatura en la provincia de Pastaza.

El pedido del correísmo, aunque generó discordia, no fue sometido a votación; el presidente de la Comisión lo descartó señalando que los conflictos de interés solo se aplican en caso de cónyuges, unión de hecho o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con alguno de los funcionarios públicos sujetos a control, lo cual, dijo, no aplica.