Tras casi cinco horas en las que la Revolución Ciudadana (RC) presentó sus pruebas en contra de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, la sesión en la que este 3 de febrero del 2026 se analizaba el juicio político al funcionario se suspendió, justo cuando a él le correspondía defenderse.
Godoy pidió la suspensión de la sesión como una garantía al derecho a la defensa, pues las pruebas que había solicitado no llegaron; el proceso continuará este 4 de febrero del 2026, a las 10:30.
No se envió sus mismas pruebas
El pedido de Godoy para aplazar la sesión, hasta que lleguen las pruebas que solicitó, llamó la atención porque parte de los documentos que pidió para sustentar su defensa los debía entregar el Consejo de la Judicatura, institución que él mismo preside.
Además, Godoy solicitó documentación al Ministerio del Interior, a cargo del Gobierno del presidente Daniel Noboa; y, de la Contraloría General del Estado que, la remitió poco antes de la sesión, pero, ya no pudo ser revisada.
“La prueba que he solicitado no ha sido incorporada, me encuentro impedido de practicar mi prueba documental”, señaló Godoy, por lo que Ferdinand Álvarez (ADN), presidente de la Comisión de Fiscalización, aceptó suspender la sesión.
Godoy no se defenderá a sí mismo
Pese a que la Ley de la Función Legislativa solo contempla la acreditación de un abogado al presidente y al vicepresidente de la República, en el marco de un juicio político; Ferdinand Álvarez tomó la decisión de permitir que Mario Godoy acredite como su defensa técnica al jurista Stalin Raza.
“Tengo derecho a tener un abogado”, afirmó Godoy, quien recalcó que se le debe garantizar su derecho a la defensa, con la representación de Raza ante la Comisión de Fiscalización y posteriormente ante el Pleno de la Asamblea Nacional.
El pedido de Godoy despertó el rechazo del correísmo, la asambleísta Viviana Veloz recalcó que la opción de acreditar a una defensa técnica solo le corresponde al presidente y vicepresidente de la República, más no a quien preside la Judicatura; recordó que la exministra Mónica Palencia intentó algo similar y no se le permitió hacerlo.
“Acaso no está preparado para evacuar las pruebas que hemos presentado, si trae un abogado es porque no está preparado, porque las pruebas son tan contundentes, que no puede defenderse; cada traba que presentan será juzgada por el país”, afirmó la asambleísta Viviana Veloz.
Pero Álvarez fue firme en apoyar a Godoy, no solo en el pedido de aplazar la sesión hasta que le lleguen las pruebas solicitadas, sino en que cuente con el apoyo de un abogado.
“Por principio de seguridad jurídica, voy a dar paso a que le defienda el abogado Stalin Raza, no le voy a privar del derecho a la defensa”, afirmó Álvarez, quien tomó la decisión sin someterla a votación en la Comisión.
Apelación de la presidencia
La decisión de Ferdinand Álvarez de dar paso al pedido de Godoy para contar con un abogado desencadenó en un ataque verbal por parte del correísmo, incluso la asambleísta Ana Herrera apeló la presidencia de la Comisión, sin éxito, pues el oficialismo tiene mayoría y no dio paso a la solicitud.
“Si no les importa defender a Mario Godoy, que es el símbolo del narcotráfico en el Consejo de la Judicatura, a nosotros sí; porque sí, usted es el símbolo del narcotráfico y no le tengo miedo, pese a la persecución que usted instaura en contra nosotros, miedo no le tengo, míreme a los ojos, a pesar de que usted es defensor de narcos”, señaló Viviana Veloz.
Sesión se declara reservada
La sesión de la Comisión de Fiscalización en la que se trató el juicio político en contra de Mario Godoy incluso fue declarada reservada temporalmente, para poder conocer los detalles societarios de la firma de abogados Invictus, de propiedad de la esposa del presidente de la Judicatura, Dolores Vintimilla.
La decisión se tomó cuando la asambleísta Viviana Veloz, ponente del juicio, se preparaba para presentar como prueba la situación de la empresa Invictus, a través de la cual Vintimilla defendió al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.
Pero, la información fue declarada confidencial por la Superintendencia de Compañías, por lo que el informe se trató con la presencia exclusiva de los asambleístas, todos los demás, abandonaron la sala.
Jezdimir Srdan es el narcotraficante por el que Henry Gaibor, exdirector de la Judicatura de Pichincha y cercano a Mario Godoy, habría presionado al juez anticorrupción Carlos Serrano; esto desencadenó en el proceso de juicio político actual.
