Tras 15 días de tensión, finalmente las cancilleres de Ecuador y Colombia, Gabriela Sommerfeld y Rosa Villavicencio, se reunieron este 6 de febrero del 2026 en Quito; sin embargo, la cita, en lugar de servir para encontrar una solución a la guerra de aranceles de los dos países, significó el anuncio, por parte de las autoridades colombianas, de la aplicación de la tasa del 30 % a los productos ecuatorianos y se anticipó la presentación de una demanda a nivel regional.

“Se acordó tratar de manera integral los temas pendientes de solución en la relación comercial bilateral”, señaló la Cancillería, sin mencionar de forma explícita lo qué pasará con los aranceles mutuos.

Fue la Cancillería colombiana la que, a través de un comunicado, señaló que Ecuador se negó a levantar los aranceles, mientras se discuten los otros temas de interés que, en el caso ecuatoriano, se centran en la seguridad.

Propuesta de Colombia

“En el ámbito comercial, Colombia solicitó la suspensión de la resolución arancelaria del 30% adoptada por el Servicio de Aduanas del Ecuador (Senae) el 24 de enero de 2026, mientras los dos gobiernos adelantan las conversaciones con el fin de llegar a acuerdos de mutuo beneficio”, informó la Cancillería de este país.

No obstante, el Gobierno del Ecuador manifestó que evaluará esta solicitud en una etapa posterior, cuando se llegue a un acuerdo en relación con los demás temas tratados durante la reunión.

“Ante esta situación, el Gobierno de Colombia se ve obligado a expedir el decreto de aranceles de respuesta por razones de seguridad nacional, cuya firma se había aplazado a la espera de acuerdos más inmediatos”, puntualizaron las autoridades colombianas.

Además, este 6 de febrero del 2025 Colombia presentó la demanda ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN) por el “desconocimiento del Ecuador” a lo pactado en el Acuerdo de Cartagena, suscrito el 26 de mayo de 1969.

Medidas en retaliación

El pasado 21 de enero el presidente Daniel Noboa anunció la imposición de un arancel del 30 % a los productos colombianos, denominado tasa de seguridad, con el que Ecuador pretende castigar a las autoridades colombianas por no proteger sus fronteras del crimen organizado.

La tasa, desde el lado ecuatoriano, entró en vigor el 1 de febrero del 2026; como respuesta a esta decisión unilateral, desde Colombia se impuso una tasa del 30 % a los productos originarios de Ecuador; la cual, sin embargo, no se había aplicado, hasta después de la reunión de cancilleres.

Adicionalmente, el Gobierno de Colombia dispuso, desde el 22 de enero del 2026, suspender la venta de energía eléctrica a Ecuador; mientras, las autoridades energéticas ecuatorianas aumentaron el precio del transporte de crudo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), que pasó de 3 a 30 dólares; estas dos decisiones también siguen vigentes.

La seguridad como prioridad

De acuerdo con la información proporcionada por la Cancillería ecuatoriana, la reunión de Somerfeld con Villavicencio se centró en los temas de seguridad, que fue el motivo por el que inició la guerra de aranceles: exigir un mayor compromiso de Colombia en la protección de sus fronteras.

“Durante el encuentro se acordaron medidas para avanzar en la coordinación de acciones en materia de seguridad fronteriza y reforzar las estrategias para luchar contra el crimen organizado transnacional”, se puntualizó desde Ecuador.

Además, se señaló que se analizó el estado de la cooperación en materia de energía, mecanismos para hacer más expedita la colaboración en el ámbito judicial, en especial aquellos relacionados con el traslado de personas privadas de la libertad y se acordó tratar, de manera integral los temas pendientes de solución en la relación comercial bilateral.

El compromiso de Colombia

Tomando en cuenta que el reclamo de Ecuador contra Colombia es por asuntos de seguridad, en la reunión en Quito el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, informó sobre lo que su país ha hecho en la lucha contra el narcotráfico y explicó que se ha priorizado la zona de frontera con el Ecuador, aumentando las capacidades de la fuerza pública, para ser más efectivos contra la producción, tráfico y comercialización de cocaína.

El ministro enfatizó en la relevancia de contar con la cooperación de las autoridades del Ecuador para garantizar la seguridad fronteriza y la lucha contra crimen transnacional, con especial énfasis en el narcotráfico.