Con las justas, con 77 votos, de los 77 que se necesitaban para pasar la norma, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), con la que el Gobierno del presidente Daniel Noboa reformó el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

La Ley generó un fuerte debate en el país, que provino de alcaldes, prefectos y ciudadanos que aseguran que se verán afectados por una nueva fórmula con la que los GADs deberán repartir sus presupuestos: un 70 % para inversión y solo el 30 % para gasto corriente.

Desde sectores que llevan adelante y son beneficiarios de proyectos sociales, culturales, deportivos y de salud, que se administran con presupuesto de los GADs, protestaron multitudinariamente este 19 de febrero del 2026 en Quito, para pedir que la Ley no se apruebe, pero, fue aprobada.

Pero, desde el oficialismo, Valentina Centeno (ADN), ponente de la norma, defendió el proyecto, aseguró que lo que se plantea es una forma eficiente de distribución de los recursos públicos, obligando a los GADs a que destinen los ingresos a lo prioritario, es decir, obra pública y servicios básicos, dejando de lado las fiestas.

¿Cómo queda la fórmula?

La Ley establece que al menos el 70% del presupuesto de los GADs debe destinarse obligatoriamente en gasto no permanente de inversión y mantenimiento; solo el 30 % restante irá a gasto corriente que, en su mayoría, corresponde a sueldos.

Antes del cambio, la norma ya establecía la regla del 70 /30, pero, solo para los recursos entregados por el Estado, no para los generados por el GADs; para el asambleísta Alfredo Serrano (PSC), con la reforma el Gobierno incurre en una inconstitucionalidad, pues no puede vulnerar la autonomía, definiendo en lo que los alcaldes y prefectos pueden gastar.

“En la ley dice que es el 70 /30 de lo que le entrega el Gobierno, en la reforma dicen del presupuesto total, es una inconstitucionalidad, ni el Ejecutivo, ni la Asamblea tienen facultad para decidir lo que los GADs hacen con sus recursos propios”.

¿Qué pasa si los GADs no cumplen con la regla?

Las prefecturas o alcaldías que cumplan la regla del 70 /30 participarán del 21 % de ingresos permanentes y del 10% de los no permanentes del presupuesto general del Estado.

Para los GADs municipales y provinciales que no alcancen la nueva regla establecida se aplicará una especie de castigo, recibirán la asignación mínima prioritaria prevista en el artículo 271 de la Constitución, es decir, el 15 % de ingresos permanentes y el 5 % de los no permanentes; se producirá un recorte del 6 % y del 5 %, respectivamente.

¿Qué gastos se consideran inversión?

Para alcanzar el 70 % del gasto en inversión, los GADs deberán considerar exclusivamente a los insumos para la generación, ampliación, rehabilitación, mantenimiento o reposición de infraestructura pública; activos físicos; equipamiento y bienes de capital; así como a la provisión de bienes y servicios públicos, cuya ejecución se materialice en productos, obras o resultados físicos identificables.

Para verificar el cumplimiento de la norma, se estableció un Clasificador Presupuestario, que divide los gastos en grupos que incluye la provisión de servicios básicos; traslados, Instalaciones, viáticos y subsistencias de los trabajadores; instalación, mantenimiento y reparación; arrendamiento de bienes; y, contratación de estudios, investigación y servicios técnicos especializados.

Además, se considera inversión a la compra de armamento para la Defensa y Seguridad Pública; adquisición de medicamentos; bienes muebles y biológicos no depreciables; obras públicas; y, bienes de larga duración (propiedades y equipo).

Una regla imposible de cumplir

El rechazo a la reforma al Cootad en la Asamblea Nacional, que provino principalmente de la Revolución Ciudadana, de una parte de Pachakutik (PK) y del Partido Social Cristiano (PSC), se basó en el cambio en el Clasificador Presupuestario, en el que se eliminarían de los gastos por inversión a todo tipo de salario, incluido el de quienes trabajan en proyectos sociales y en las obras.

“La nueva fórmula excluye los pagos al personal de inversión, vinculados a programas sociales o ejecución de obra pública; sin ese personal las obras no van a poder ejecutarse, tampoco los programas sociales de apoyo a grupos prioritarios, prácticamente se vuelve una regla imposible de cumplir”, afirmó Mariana Yumbay (PK).

Desde el correísmo sus asambleístas, uno de ellos Paola Cabezas, resaltó que lo que pretende el Gobierno es precisamente que los GADs no cumplan con la regla, para mermar sus ingresos y “licuar» con esto la deuda de más de 1.000 millones de dólares que tiene con alcaldías y prefecturas.

¿Desde cuándo se aplica?

Para el año 2026, el seguimiento al cumplimiento de la regla de asignación se lo hará a partir del 1 de diciembre de 2026, verificando que se cumpla con, al menos el 65% para inversión, desde el 1 de junio del mismo año.

Para el año 2027, en atención al criterio de gradualidad, se cumplirá con al menos el 68%; y, para el ejercicio fiscal 2028 y subsiguientes será obligatorio cumplir con el 70%.