A pocas horas de que la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) y de que el presidente Daniel Noboa la publicó en el Registro Oficial, se anunció la presentación de varias demandas de inconstitucionalidad, con las que se pretende echar abajo esta norma.
Durante el fin de semana Pachakutik, varias autoridades seccionales, organizaciones sociales e indígenas y asambleístas anunciaron que denunciarán la inconstitucionalidad de la norma ante la Corte Constitucional, entidad que en anteriores ocasiones ha dejado sin efecto las leyes impulsadas por el Gobierno.
Resolución de las organizaciones indígenas
En el Consejo Político de Pachakutik, que se reunió en Quito con las autoridades electas de la organización política (prefectos, alcaldes y concejales) y con la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), se tomó la decisión de presentar una demanda de inconstitucionalidad en contra de la normativa.
“La ley se origina por imposición del FMI y desarticula todo el régimen de descentralización y autonomía para los GADs. A pesar del enorme rechazo popular contra esta ley, el bloque de gobierno y sus aliados, decidieron no escuchar al pueblo ecuatoriano y someter al país a una agenda neoliberal del FMI”, se recalcó en la resolución.
La Unión Nacional de Educadores (UNE) también presentará una demanda de inconstitucionalidad, al considerar que la normativa vulnera derechos adquiridos y debilita la autonomía de los GADs; además, se planifica una marcha de protesta para el 13 de marzo del 2026.
Autoridades seccionales se suman a las demandas
Para Paola Pabón, prefecta de Pichincha, aunque la ley ya entró en vigor, no todo está terminado, pues anticipó que presentará una demanda ante la Corte Constitucional.
“Nos veremos en la Corte Constitucional, porque demandaremos la inconstitucionalidad de esta ley. Ojalá ahí (Viviana) Centeno y los suyos den la cara”, afirmó Pabón.
Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, señaló que se unirá a las demandas de inconstitucionalidad, pues la ley obligará a eliminar programas sociales de su alcaldía, con lo que se vulneran los derechos de los sectores menos favorecidos.
“Sin duda alguna nos sumaremos (a las demandas de inconstitucionalidad), la única institución que nos queda, que no ha sido tomada y metida la mano, es la Corte Constitucional; esta es una norma inconstitucional porque violenta las autonomías, no ha habido participación ciudadana, nos cerraron las puertas a las autoridades”, afirmó Zamora.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz anticipó que no solo él presentará una demanda de inconstitucionalidad, sino que se sumarán los usuarios de los servicios municipales afectados por la ley. “Será una de las leyes aprobadas que más demandas de inconstitucionalidad tenga”, advirtió.
