El juez Ángel Tapia Vélez es enviado a prisión preventiva tras ser procesado por el presunto delito de tráfico de influencias, según resolvió el presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Daniel Rodríguez Romero.
La decisión se toma durante una audiencia que se extendió entre la noche del viernes 13 y la madrugada del sábado 14 de marzo de 2026.
Además, el magistrado dispuso el inicio de una instrucción fiscal de 60 días para continuar con la investigación.
Fiscalía señala presunta gestión para favorecer a detenidos
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, Tapia habría acudido el 20 de enero al despacho de una jueza para interceder a favor de Milton Javier Villamar Nivela y Marcos Antonio Avilés León, quienes enfrentan un proceso penal por robo agravado y secuestro.
Según la exposición fiscal, el objetivo habría sido solicitar que se sustituya la prisión preventiva de ambos procesados por medidas alternativas, es decir, que puedan enfrentar el proceso en libertad.
En ese momento, Tapia se desempeñaba como juez de la Unidad Judicial Penal Norte 1, aunque estaba suspendido de sus funciones por tres meses, una sanción emitida por el Consejo de la Judicatura.
Suspensión previa por caso vinculado al narcotráfico
La suspensión se originó luego de que el magistrado otorgara un habeas corpus correctivo que permitió la liberación de un presunto socio del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, conocido con el alias “Odín”.
Ese antecedente fue parte del contexto expuesto durante la audiencia en la que se analizó la situación jurídica del juez.
Tapia negó el delito durante la audiencia
Durante la diligencia judicial, Tapia ejerció su propia defensa y negó haber cometido algún acto ilícito.
El juez argumenta que su presencia en el despacho de la jueza tuvo como único propósito pedir que se revisara un escrito presentado por el sobrino de un amigo, y no intervenir en el proceso judicial.
Para evitar la prisión preventiva, la defensa presentó documentos de arraigo social, entre ellos certificados que acreditan 20 años como docente universitario y 10 años de trayectoria como juez.
También se presentó documentación que lo identifica como sustituto legal de una persona con 73 % de discapacidad.
Autoridades incautaron equipos durante el operativo
Durante el operativo de detención, realizado en Guayaquil, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares, una computadora portátil perteneciente a la Universidad de Guayaquil y varias carpetas con documentos manuscritos.
El juez permanecerá privado de libertad mientras avanza la instrucción fiscal de 60 días, periodo en el que la Fiscalía recopilará elementos para sustentar el proceso por presunto tráfico de influencias en la Función Judicial.
