Con 84 votos a favor, de 148 asambleístas presentes, la Asamblea Nacional, que sesiona en Cuenca, aprobó el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario.
En la transitoria décima de este nuevo cuerpo legal se establece que, en un plazo máximo de 36 meses, el Sistema Nacional de Rehabilitación Social incorporará la política pública de trabajo interno para las personas privadas de libertad.
Esto con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho a la rehabilitación social, mediante el desarrollo de actividades laborales y productivas, en cumplimiento de los derechos y garantías contemplados en la Constitución del Ecuador.
Con base en criterios técnicos de seguridad, salud, aptitud y régimen de rehabilitación, se seleccionará a las personas privadas de libertad aptas para participar en estas actividades.
Esta nueva ley introduce el Régimen Penitenciario Especial, diseñado exclusivamente para internos de alta peligrosidad que representen una amenaza real para la paz y el sistema estatal vigente.
Asimismo, establece una nueva clasificación de centros en tres niveles: máxima, mediana y mínima seguridad, para permitir una gestión estratégica según el perfil de riesgo individual de cada persona procesada.
Igualmente, el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria se consolida como una entidad civil armada, jerarquizada y técnica, encargada de la custodia y el orden interno en los distintos recintos del país.
Policías y militares
Esta normativa también permite la reincorporación de policías y militares jubilados al servicio penitenciario, manteniendo sus pensiones mientras aportan su experiencia operativa.
La ley crea el Subsistema de Inteligencia Penitenciaria, una unidad especializada que identificará amenazas tempranas y desarticulará redes criminales desde el interior de los pabellones.
Además, autoriza el uso de tecnología de inhibición de señales en centros de máxima seguridad para impedir que líderes delictivos continúen coordinando crímenes desde sus celdas.
También permite que las audiencias judiciales telemáticas se establezcan como norma, reduciendo los riesgos de seguridad asociados al traslado físico de internos peligrosos hacia dependencias judiciales.
De igual forma, endurece el régimen disciplinario al tipificar faltas muy graves como el proselitismo delictivo, la planificación de fugas o el control indebido de áreas comunes por parte de los internos.
Esta reforma prohíbe el acceso a los regímenes semiabierto y abierto para internos con perfil de riesgo alto, con el fin de garantizar el cumplimiento total de sus condenas en prisión.
Se exige que el personal penitenciario en centros de alto riesgo se someta a un sistema de rotación obligatoria, con el objetivo de prevenir actos de corrupción o cooptación por parte de bandas criminales.
Escuela
Con esta ley, la Escuela de Formación Penitenciaria operará como el órgano permanente encargado de la capacitación técnica y evaluación periódica de los agentes, asegurando su profesionalización continua.
Asimismo, el Directorio del Organismo Técnico se reestructura para incluir expertos en gestión y seguridad, con el fin de garantizar que las políticas públicas se sustenten en criterios técnicos.
Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) tendrán un rol complementario en la seguridad externa y perimetral, e intervendrán internamente solo en casos excepcionales de motines que superen a la capacidad de la Policía Nacional.
Se implementará una clasificación individual de riesgo basada en antecedentes penales, conducta intramuros e informes de inteligencia, para ubicar a cada interno en el nivel de seguridad correspondiente.
El proyecto busca erradicar las economías ilícitas dentro de las cárceles. Sanciona el cobro de “vacunas” o el alquiler de celdas y servicios básicos entre la población privada de libertad.
La inteligencia penitenciaria se integrará formalmente al Sistema Nacional de Inteligencia, permitiendo un flujo de información estratégica para prevenir atentados contra la seguridad del Estado.
Se garantiza el derecho a la defensa técnica mediante canales virtuales seguros, asegurando que el aislamiento preventivo no vulnere las garantías constitucionales de los internos.
Con esta ley, los gobiernos locales podrán administrar centros para infractores de tránsito o apremios, bajo regulación y normas técnicas emitidas por el organismo rector penitenciario.
Grupos especiales
La reforma contempla la creación de grupos especiales de reacción, equipos tácticos preparados para intervenir de forma inmediata en situaciones de crisis o amotinamientos.
Se establecen prohibiciones reforzadas para el ingreso al cuerpo de vigilancia, impidiendo que personas con sentencias por delitos graves o vínculos criminales formen parte del servicio.
El plan estratégico del Consejo de Seguridad Pública incorporará la política penitenciaria como un eje fundamental para la estabilidad institucional y la lucha contra el narcoterrorismo.
En centros de máxima seguridad, las visitas serán, por regla general, a través de medios tecnológicos, limitando el contacto físico para evitar la transmisión de órdenes ilícitas.
El personal penitenciario que incurra en faltas graves, como permitir el ingreso de armas o colaborar con bandas, será destituido de forma inmediata tras un proceso administrativo especializado.
Se ratifica el carácter de entidad complementaria de seguridad del cuerpo de vigilancia, dotándolo de armamento y tecnología para cumplir eficazmente su misión de control.
El objetivo de esta ley es transformar los centros de reclusión, de focos de criminalidad, en verdaderos espacios de rehabilitación y control estatal, priorizando la vida y la seguridad ciudadana.
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