Uno de los mecanismos más utilizados para transparentar la información de los funcionarios públicos en el país, era la plataforma de la Contraloría General del Estado.
Pero, desde el lunes 20 de abril de 2026, presentó modificaciones que encendieron las alertas de organizaciones, principalmente periodísticas, por limitar el acceso a la información pública.
Anteriormente, se podía revisar las declaraciones patrimoniales juramentadas de los funcionarios sin mayores dificultades. Al ingresas sus datos personas como cédula o su nombre, se desplegaban los informes de manera inmediata.
Ahora se requiere un proceso de registro en el que el solicitante debe ingresar datos personales como el número de identificación. Además, la fecha de expedición de la cédula, su correo electrónico y acepar un aviso de privacidad.
Finalmente, el solicitante recibe un correo con el código que le permite acceder a la plataforma para revisar la documentación.
Lo llamativo es que antes era posible acceder a toda la documentación e incluso descargarla de manera inmediata.
Ahora se torna difícil revisar la información pública pues por cada documento se debe repetir el mismo proceso: llenar el formulario, esperar el código y acceder a los documentos.
Esto dificulta la labor fiscalizadora de los organismos de control, funcionarios, el periodismo y los ciudadanos que se interesan por conocer quienes administran el país.
Este tipo de restricciones no ocurría desde 2021, cuando en la administración del excontralor, Pablo Celi, se dispuso una modificación que también dificultaba el acceso a la información publica.
Posición de organizaciones
Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, sostiene que la Corte Constitucional “fue clara… no se pueden pedir datos personales para acceder a información pública”.
En una entrevista con Ecuavisa, Espinel señaló que el Contralor “está mal informado o mal asesorado”. Argumentó que esto se debe a que no está promoviendo la protección de datos personales.
“No sabemos que van a hacer con los datos que divulga el solicitante o cuál será el tratamiento que se dará a esos datos, el tiempo en el que estos datos van a reposar en la Contraloría, lamentablemente se está vulnerando la ley de protección de datos personales”, refirió.
Por otra parte, recordó que en 2024, la Corte Constitucional ya se pronunció sobre este tema mediante una sentencia y determinó que ninguna institución pública puede colocar dentro de su página web un formulario que solicite los datos personales de los ciudadanos para acceder a información pública.
En resumen, cree que es importante que el Contralor General del Estado haga un análisis acucioso de la Ley de Acceso a la Información Pública, de la Ley de Declaraciones Juradas, pero también de la Ley de Protección de Datos Personales, para que no entre en conflicto con la Corte Constitucional. (I)
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